Amnistía Internacional (AI) aseguró este martes que el régimen de Daniel Ortega, continúa “acrecentando” y “reinventando” la “política de represión” en Nicaragua cinco años después de las protestas populares de 2018, además de “incorporar nuevos patrones de violaciones”.
“Después de cinco años, lejos de cesar, la política de represión del gobierno nicaragüense para contener las voces disidentes y cualquier tipo de crítica continúa acrecentándose, reinventándose e incorporando nuevos patrones de violaciones”, afirmó AI en su informe ‘Un grito por la justicia: 5 años de opresión y resistencia en Nicaragua’.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, aseguró que en ese documento, “a través de la documentación de casos emblemáticos, mostramos el continuum de represión a la que ha sido sometida la sociedad nicaragüense”.
Así como “los diferentes patrones de violaciones a derechos humanos que han sufrido las personas que se atreven a alzar su voz para denunciar la crisis que sufre el país y exigir el respeto y el goce pleno de los derechos en Nicaragua”, agregó.
El 18 de abril de 2018 comenzaron una serie de manifestaciones en las que miles de nicaragüenses saldrían a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe detalla las principales “tácticas” que usa el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, como “el uso excesivo de la fuerza, el uso de leyes penales para criminalizar injustamente activistas y disidentes, los ataques contra la sociedad civil y el exilio forzado”.
Esos métodos suponen un “amplio abanico de violaciones a derechos humanos como la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, y la privación arbitraria de la nacionalidad”.
LA “COOPTACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL”, LA MÁS FRECUENTE
Amnistía Internacional, a través de la información proporcionada por organizaciones nicaragüenses recogidas en ese informe, informó sobre la “cooptación del sistema judicial” que cuenta con la “colaboración” de otras autoridades para celebrar “juicios injustos en contra de personas por el mero hecho de ser consideradas críticas al gobierno”.
“A cinco años de su inicio, la crisis de derechos humanos en Nicaragua se sostiene por la pérdida del Estado de Derecho, la aprobación de reformas normativas que han afectado la independencia del poder judicial y el cierre al escrutinio de mecanismos de control de derechos humanos, tanto regionales como universales”, señaló Rosas.
El régimen en Nicaragua “ha utilizado el proceso penal como una herramienta de control y represión contra personas consideradas disidentes u opositora”, que ha llevado a la “encarcelación de cientos de personas”, según el informe.
En los últimos cinco años, tras las protestas de 2018, el régimen de Daniel Ortega “ha creado una serie de leyes para restringir la libertad de asociación y expresión”, además de someter a las organizaciones de derechos humanos a “campañas de desprestigio, intervenciones ilegítimas en sus operaciones y la criminalización injusta de sus miembros”.
Según el informe, uno de los métodos más frecuentes es la “cancelación de sus personerías jurídicas, la irrupción en sus instalaciones y la incautación de sus propiedades, limitando severamente su capacidad de actuar”.
RETIRO DE NACIONALIDAD, USO DE FUERZA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO
El informe también aborda la “privación arbitraria de nacionalidad”.
Amnistía Internacional señala que en Nicaragua hay un “uso excesivo de la fuerza”, ejercido “por las fuerzas policiales, en muchas ocasiones en coordinación con grupos parapoliciales, quienes han sido los responsables de miles de detenciones arbitrarias en diferentes momentos”.
Y apunta que la “inestabilidad social y económica” tras las protestas de 2018 ha provocado una “salida forzada del país de miles de personas”, quienes deben “gozar de una protección internacional”.
*Con EFE