Hasta ahora, la expectativa de los principales actores de Nicaragua -individuales, organizativos, institucionales- y de la comunidad internacional, era que las elecciones de 2021 fuesen una oportunidad de solución a la crisis política. La demanda inicial, que se adelantaran las elecciones, por la recuperación a sangre y fuego del control territorial por la dictadura de Ortega y el transcurso del tiempo, había quedado atrás.
La presión nacional y de la comunidad internacional, incluidas las sanciones, habían sido con el objetivo que se establecieran las condiciones para que las elecciones en noviembre de 2021 respondieran a los estándares internacionales. Se creía, hasta entonces, que Ortega mantenía el clima de represión, incluyendo a los presos políticos, como cartas en la mano para entonces cederlas en un proceso de negociación conducente a esas elecciones.
Pero todo ha cambiado recientemente, según parece. Y sin que se descarte las elecciones de 2021 que en todo caso serían en condiciones al capricho de Ortega, el incremento de la represión y los nuevos proyectos de ley que extreman las restricciones a las libertades ciudadanas y agregan nueva tipificación de los delitos, conducen a que Ortega ha descartado cualquier atisbo de negociación, directa o indirecta.
En todo lo anterior pareciera que Ortega ha decidido ir de la solidaridad usual con Cuba y Venezuela, a la repetición de los casos de esos países, aunque bajo modalidades singulares de dictadura y totalitarismo para adaptarla a las condiciones de Nicaragua. El tema fundamental es si acaso es viable esa réplica, cuestión dudosa, y a qué costo en vidas y consecuencias económicas.
La cancelación de la expectativa de una solución a la crisis política en las elecciones de 2021, no ha hecho sentir aún sus consecuencias económicas negativas en el nivel de depósitos financieros y los equilibrios macroeconómicos. Pero inevitablemente esa será la situación. Tampoco, hasta ahora, los proyectos de ley que conducen a nuevas tipificaciones delictivas, en particular la de llamarnos a todos los opositores agentes extranjeros, tendrá enormes consecuencias macroeconómicas. Esa ley introduce enormes sospechas sobre las remesas, las exportaciones, el comercio y la economía en general, sin contar que la misma y otras leyes represivas constituyen una invitación a que haya nuevas sanciones.
Todo eso nos conduce a la siguiente pregunta: ¿es viable una nueva China, sin tener Nicaragua la dimensión continental, poblacional y tecnológica, en el corazón de Centroamérica? Curiosamente a eso apunta Ortega, por raro que parezca, con esa extraña mezcla de economía de mercado, confusión Estado-Partido, proyecto familiar dinástico y cancelación de toda opción pacífica-electoral. Como la respuesta a la pregunta planteada es no, posiblemente a pasos acelerados nos enfrentaremos a una pauperización y consecuencias económicas semejantes a las de Venezuela, sin la presencia geopolítica del petróleo.
Además, ese proyecto político que en últimas terminará en confiscaciones como los embargos, tomas de tierra y prisiones actuales de empresarios, más las amenazas represivas en ciudades y campo, fácilmente revive en la memoria la situación de los años 80 que derivó en una guerra civil. A eso eventualmente nos conduciría Ortega al cancelar la vía pacífica-electoral, sin tener en este caso la solidaridad internacional que en los años 80 tuvo la revolución -recuérdese Contadora, su Grupo de Apoyo, la posición de Europa Occidental y el bloqueo demócrata a la política de Reagan- pues hoy hay consenso bipartidista en los Estados Unidos y en la comunidad internacional para la democratización de Nicaragua. Y, además, sin respaldo del bloque soviético, porque ya no existe.
Las personas, instituciones como el Ejército y empresarios que se desarrollaron al abrigo del FSLN, deben reflexionar en que las consecuencias económicas y de otra índole de la cancelación de la opción pacífica-electoral y de las leyes represivas, no solamente afectarán a la oposición sino a Nicaragua, de la que ellos también forman parte.