Alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, el “Papi” de la basura

*Por Expediente Público

El alcalde de Tegucigalpa, capital de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, de 62 años, destaca por su personalidad amigable, extrovertida y la capacidad de memorizar nombres y números telefónicos. También destaca por los negocios que ha hecho. En 2011, a través de una empresa de su propiedad conocida como Sulambiente, obtuvo -sin dar ningún servicio- 8.1 millones de dólares de la corporación municipal de San Pedro Sula, la principal ciudad industrial del país centroamericano.

Este político hondureño es conocido como “Tito” Asfura o “Papi a la orden” por su eslogan usado en las campañas políticas. Actualmente, es el candidato presidencial del Partido Nacional y lleva dos periodos consecutivos siendo alcalde de la capital de Honduras: el primero en 2014-2018 y el segundo de 2018-2022, último en el que fue reelecto. 

“Papi a la orden” ha permanecido por 30 años en puestos gubernamentales. Entre 1990 y 1994 fue fiscal municipal y asistente de la alcaldesa capitalina y ex primera dama de la nación, Alba Nora Gúnera de Melgar (1990-94). De 1994 a 1998 se desempeñó como gerente de servicios públicos y de 2006-2010, estuvo como regidor de la alcaldía de Tegucigalpa en la administración de Ricardo Álvarez. Ha sido un burócrata de bajo perfil hasta que se convirtió en diputado, ministro de Inversión Social y luego edil capitalino. 

En el gobierno del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) fue electo diputado y luego, en esa misma administración, se desempeñó como director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Su figureo político cobra mayor fuerza cuando se proyecta como filántropo social con las donaciones de su salario que como congresista, y luego como alcalde capitalino, hizo a la Teletón, la más grande obra de proyección social al sector discapacitado que existe en el país.  

En el 2005, “Papi a la orden” fue criticado por fungir como representante de Sulambiente, una empresa que ha ganado millones de lempiras por un controversial proyecto de recolección de basura en San Pedro Sula, Cortés, cuyo contrato fue suscrito con la municipalidad de esa ciudad. En ese entonces, no se logró comprobar su relación comercial con esa empresa. 

Documentos en poder de Expediente Público, señalan que Nasry Asfura era accionista del 50 por ciento de Sulambiente desde su creación hasta el 2016, y lo hizo por medio de otra empresa de su propiedad denominada Agac de Centroamérica.

Sulambiente, anteriormente se llamaba Agac y Otros, le fue adjudicada en 2001 la concesión para la recolección de los desechos sólidos en el municipio de San Pedro Sula, mediante una licitación internacional, pero la administración del nacionalista Óscar Kilgore (2002-2006) decidió no firmar el contrato declarando fracasada la licitación. 

En agosto de 2011, ese consorcio por medio de una sentencia firme obtenida en 2005, embargó las cuentas bancarias de la municipalidad, en ese entonces administrada por el edil Juan Carlos Zúniga. Esa acción causó enorme perjuicio económico en las finanzas municipales: empleados sin salario por más de 7 meses y paralizado varios proyectos de infraestructura que se ejecutaban. 

Agac y Otros estaba formado en 2001 por empresas italianas: Agac s.p.a, la sociedad Acea S.pA., Ama International S.P.A, Heca S.P.A y la empresa hondureña Eterna S.A. 

Posteriormente, en 2005, las acciones del consorcio italiano Agac y Otros fueron adquiridas por la sociedad mercantil Agac de Centroamérica S.A., una compañía local recién constituida en ese entonces por accionistas hondureños. 

El origen de una millonaria transacción 

De acuerdo al Registro Mercantil de Tegucigalpa, los accionistas de Agac de Centroamérica S.A, son Cristian René Stefan Handal y Desarrollo Construcción y Equipo (Decoesa), cuyo propietario es Nasry Juan Asfura Zablah.  

Esa sociedad fue conformada el 8 de septiembre de 2005, con un capital social de 10 millones de lempiras, unos 400 mil dólares, describe la escritura pública de constitución, inscrita en el Registro Mercantil de Tegucigalpa. 

El 27 de febrero del 2003, la corporación municipal de Kilgore violentó la Ley de Contratación del Estado que rige el proceso de licitaciones, según el acta N°32 de sesión ordinaria, donde se anula el punto N°2 del acta N°90 de fecha 27 de septiembre del 2001, en la cual se había adjudicado la licitación del concesionamiento de los desechos sólidos por unanimidad. 

La única forma de anular esa licitación era mediante un dictamen legal emitido por la Procuraduría General de la República, pero esa instancia no fue agotada, ocasionando un problema legal para la ciudad de San Pedro Sula. 

Con la decisión tomada por la comuna en pleno, los apoderados de Sulambiente impugnaron primero ante el pleno corporativo la resolución y obtuvieron respuesta negativa al reclamo; posteriormente presentaron demanda con reclamación de daños y perjuicios ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula el cuatro de febrero del 2004.  

Para el 25 de enero del 2005, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, presidido por el abogado Mario Augusto Peraza Zelaya, emitió sentencia sobre ese juicio. La sentencia ordenaba a la municipalidad de San Pedro Sula anular el acto administrativo donde la Corporación Municipal había declarado fracasado el proceso licitatorio en septiembre del año 2001.  

También ordenaba el pago de daños y perjuicios por 6.6 millones de dólares y las costas del juicio por 1.5 millones de dólares. 

Confirmada la sentencia, los miembros corporativos presentan una moción el 19 de abril de 2005 según el acta N°105 del punto N°19 donde autorizan al alcalde Oscar Kilgore a iniciar pláticas para resolver el conflicto por medio de una conciliación. 

El 12 de septiembre del 2005, el representante de Agac y Otros junto al alcalde Kilgore, llegaron a acuerdos de pago y la municipalidad se comprometió a modificar las tarifas de recolección de basura y dolarizarlas. 

Las tarifas de recolección se modificaron de 211.63 lempiras a 26.14 dólares (unos 339.82 lempiras, al cambio de 13 lempiras por dólar). Para septiembre del 2005, el dólar se cotizaba a 18.60 lempiras por el deslizamiento de la moneda, y los 26.14 dólares de la tarifa de recolección ya no equivalían a 339.82 lempiras, sino que eran 486.20 lempiras. 

Mientras, la tarifa del relleno sanitario fue modificada de 129.33 lempiras a 15.95 dólares (296,67 lempiras, al cambio de 18.60 lempiras por dólar) y se eliminó el barrido de calle que había sido licitado en 94.08 lempiras. 

Luego las negociaciones se pausaron y con la llegada de la nueva administración en 2010-2014, dirigida por Juan Carlos Zúniga, el proceso de negociación fracasó y en 2011 la comuna sampedrana tuvo que pagar una demanda por daños y perjuicios a Sulambiente por 8.1 millones de dólares sin haber dado el servicio de recolección de la basura durante 10 años. 

Todo ese tiempo, la municipalidad pagaba contratistas que se encargaban de la recolección de desechos sólidos. Tras largos 12 años de litigio, el contrato con Sulambiente fue firmado en 2014 por el actual alcalde nacionalista, Armando Calidonio y vence en 2028. Calidonio otorgó el contrato por 14 años. 

Ocultó su nombre 

El 17 de agosto de 2011, las acciones de Desarrollo Construcción y Equipo (Decoesa) fueron transferidas a la sociedad Alquileres y ventas de Honduras, Alvehsa con 9,999 acciones y 1 acción al señor Johnny Roberto Kafati Segebre también funcionario en ese entonces del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).  

El señor Johnny Roberto Kafati Segebre también se desempeñó en 2002-2006 como ministro asesor en Vivienda en el gobierno del ex presidente Ricardo Maduro. 

En la sociedad Alvehsa, “Papi a la orden” o Tito Asfura también era accionista y fungió como tesorero de esa compañía. Un mes después, Tito Asfura traspasó las acciones que tenía en Alvehsa a los señores Johnny Alejandro Kafati Chapa, Ivanna Oralia Kafati Chapa, Salomón Kafati Chapa y Felipe Kafati Chapa. 

El 28 de septiembre de 2011, Tito Asfura -en una entrevista con el diario La Prensa– negó tener vínculos societarios con Sulambiente. “Lo que recomendé al alcalde Juan Carlos Zúniga es que arreglen con ellos, con los italianos”, expresó a los periodistas que lo consultaron sobre el embargo a las cuentas de la alcaldía. 

Cuando ofreció esas declaraciones, Tito Asfura era diputado y ministro del FHIS. 

A las semanas de haber movido sus acciones, el 21 de octubre de 2011, fiscales del Ministerio Público llegaron a las oficinas del procurador general de la municipalidad de San Pedro Sula, siguiendo una investigación contra Sulambiente por supuestos actos de corrupción. La denuncia había sido interpuesta por esa entidad hacia seis años. 

Le devuelven las acciones 

De acuerdo con la verificación exhaustiva de los documentos en poder de Expediente Público, el 6 de septiembre de 2016, Alvehsa traspasó 4,399 acciones a Constructora de Desarrollos Nacionales (Codena), propiedad de Nasry Asfura; y el resto, el uno por ciento de Johnny Roberto Kafati Segebre, también pasa a Constructora de Desarrollos Nacionales (Codena).  

Quedando Agac de Centroamérica, principal accionista de Sulambiente conformada por Alvehsa y Codena: Johnny Alejandro, Ivanna Oralia, Salomón y Felipe Kafati Chapa socios de Alvehsa con 5,600 acciones y la Constructora de Desarrollos Nacionales, Codena, propiedad de Nasry Asfura con 4,400 acciones. 

Ese mismo año, Sulambiente vendió el 50 por ciento de sus acciones a la empresa colombiana Interaseo Servicios de Honduras, quedando Agac de Centroamérica S.A. con la mitad de acciones. En el Registro Mercantil de Tegucigalpa, no ha habido más incorporaciones de socios en esa empresa. 

Privatizaciones 

En la historia de los procesos de privatización en Honduras, el impulsor de esta dinámica como parte de las políticas fue el expresidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas (1990-94), quien decidió privatizar los servicios sólidos de la ciudad de San Pedro Sula.  

Callejas fue acusado de 16 delitos de corrupción durante fungió como presidente de Honduras, pero la justicia lo exoneró de todos los cargos y le permitió seguir ocupando importantes puestos en la administración pública y otras entidades, como la Federación Nacional de Futbol (Fenafuth), hasta que el brazo de la justicia estadounidense lo alcanzó por corrupción internacional por el denominado caso FIFA Gate.   

Callejas murió en 2020 a la espera de la sentencia por la aceptación de sobornos en ese escándalo que movió las estructuras del fútbol a nivel mundial.   

En el caso de la comuna de San Pedro Sula, las privatizaciones o concesiones eran parte de las exigencias de los organismos de crédito internacional y de esa forma hacerle factible el acceso a la municipalidad a fondos blandos para su desarrollo, señala el decreto 303-98 de fecha 2 enero de 1999. 

La privatización de servicios públicos en esa ciudad, había iniciado con la Empresa División Municipal Ambiental (Dima), que distribuía el agua potable de los sampedranos, creada en 1976 y que había sido modelo de gestión en América Latina, pero ahora era parte de la ola de privatización de entidades públicas en Honduras. 

Ahora,  el modelo de privatización llegó de la mano de la licitación de los desechos sólidos en san Pedro Sula, donde presentaron oferta tres empresas: el consorcio Resister (Emce), con una oferta de 69.3 millones de lempiras; la empresa italiana Agacc y Otros que ganó la licitación formalizó una oferta por 62.2 millones de lempiras; y la tercera empresa fue el consorcio Proactica Medio Ambiente, S.A. que ofertó 115 millones de lempiras y consistía en la limpieza de calles, recolección de desechos y operación del manejo del relleno sanitario. 

Es de resaltar que cuando el consorcio Agac y Otros ahora denominado Sulambiente, ganó en 1999 la licitación internacional, Nasry Asfura se había desempeñado 1994-1998 como gerente de servicios públicos de la alcaldía de Tegucigalpa.  

Esta investigación realizada por Expediente Público se logra evidenciar que Nasry Asfura logró ocultar su relación societaria con Sulambiente; los sampedranos y demás ciudadanos no supieron o no lograron comprobar que los millones obtenidos de ese proceso que se llevó con poca transparencia y sin dar el servicio de recolección de basura en San Pedro Sula, llenaron y llenaron los bolsillos del ahora candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura o “Papi a la orden”, un hábil empresario que ganó una millonaria demanda a la alcaldía de San Pedro Sula, sin haber prestado nunca un servicio, es decir, sin haber trabajado. 

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