La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua denunció este miércoles el secuestro de al menos 12 de sus miembros en las diferentes ciudades del país. La última captura ocurrió ayer con el joven Edder Muñoz, de Masaya.
“La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denuncia la detención ilegal y arbitraria de más de una decena de nuestros integrantes y de otros líderes de la oposición nicaragüense; quienes han sido secuestrados, sometidos a torturas y condenados en juicios espurios”, indicó la Alianza a través de un comunicado.
La organización opositora señaló que desde noviembre sus liderazgos en el interior del país “están siendo atacados”.
“A la fecha se suman seis integrantes de las directivas departamentales y municipales de nuestra organización: Nidia Barbosa Castillo y Edder Muñoz Centeno; en Masaya; y Armando Robles de Morrito, Río San Juan”.
La Alianza subrayó que en total son 12 sus presos políticos: Juan Sebastián Chamorro, Max Jerez Meza, Lesther Alemán Alfaro, Álvaro Vargas Duarte, José Adán Aguerri Chamorro, Michael Healy Lacayo, Nidia Barbosa Castillo, Armando Robles, Edder Muñoz, “un integrante de Chinandega, uno de Morrito y otro de Masaya; que por proteger su integridad física y a petición de sus familiares omitiremos sus nombres”, aclaró.
“Todos los integrantes de la Alianza Cívica han sido detenidos de manera arbitraria, ilegal, violenta y sin una orden judicial que informe los motivos de sus detenciones. Otra violación a sus derechos es que han sido presentadas acusaciones en su contra, juicios en los cuales el sistema judicial ha admitido testigos falsos y sin la presencia de sus abogados”, apuntó.
Asimismo, la Alianza Cívica denunció que sus estructuras territoriales “están siendo fuertemente reprimidos además de la policía; por grupos afines al gobierno en cada municipio”.
La organización demandó el “cese la represión, los secuestros en contra de nuestros liderazgos y de todo opositor al régimen”, que se libere “sin más e inmediatamente a todos los prisioneros de conciencia, ya que no han cometido ningún delito: ¡son inocentes!”, y que “se cumpla y haga cumplir todo el marco de garantías y derechos, conforme lo establecen las leyes nacionales y los compromisos suscritos por el estado de Nicaragua”.