La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, condenó este jueves la masacre perpretada ayer en la comunidad mayagna Alal, ubicada en la Reserva de Biósfera Bosawas, que fue invadida por colonos y paramilitares, asesinando a más de 6 personas y secuestrando a 10 comunitarios, cuyo paradero se desconoce.
La organización opositora calificó este crimen de «lesa humanidad» y señaló que este deja en evidencia una vez más el total desprecio del régimen Ortega-Murillo a los instrumentos que protegen y garantizan los Derechos Humanos de la ciudadanía y, en particular de los Pueblos Indígenas.
«Alal ya había recibido amenazas por parte de los colonos; a finales de noviembre, las autoridades del territorio de Mayanga Sauni As ya habían hecho denuncias públicas de las amenazas y las invasiones en marcha. Sin embargo, el estado de Nicaragua una vez más hizo caso omiso al llamado de protección realizados desde las comunidades», comentó la Alianza a través de un comunicado.
«El asesinato de comunitarios indefensos se tipifica en los instrumentos jurídicos internacionales de crimen de lesa de humanidad», sostuvo la organización opositora. Agregó que la situación preocupa porque con esta nueva masacre la situación en la Costa Caribe adquiere las características de un proceso de etnocidio y exterminio de los pueblos indígenas de la Nación Nicaragüense y los pueblos indígenas hasta ahora no han tenido justicia.
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La Alianza refiere que, pese a que Nicaragua es parte de los instrumentos jurídicos relativos a los derechos humanos en general y particular de los pueblos Indígenas, «con los actos como el de ayer se pone en evidencia una vez más el total desprecio del gobierno Ortega-Murillo a los instrumentos que protegen y garantizan los Derechos Humanos de la ciudadanía y, en particular de los Pueblos Indígenas».
Finalmente, pidieron a la comunidad nacional e internacional, condenar esta masacre contra de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, sino que también en contra de los campesinos y jóvenes en toda la Nación.
«Exigimos a las autoridades competentes brindar protección efectiva del cumplimiento del marco jurídico nicaragüenses, en materia de derechos humanos, derecho de tierra y territorio; y las medidas otorgadas por la Corte interamericana de derechos Humanos. Así mismo pedimos la liberación de todos los presos políticos, el cese de la represión y la criminalización de los defensores de derechos humanos en Nicaragua», concluyó el documento.