La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia envió una carta a los embajadores acreditados ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que les pidieron su voto positivo para “influir en la restitución inmediata de los derechos y libertades públicas” en Nicaragua, a días de la Asamblea General del organismo donde la situación del país será abordada.
La misiva dirigida a Hugh Adsett, Embajador y Representante Permanente de Canadá ante la OEA, la organización opositora denuncia los asedios, persecuciones, amenazas y ataques contra los nicaragüenses y la violación de los derechos humanos en el país, por lo que expresaron su preocupación por la “radicalización del régimen de Daniel Ortega en sus mecanismos de represión contra el pueblo”.
“Nos dirigimos a usted solicitando sus buenos oficios, y donde sea apropiado, su voto positivo para influir en la restitución inmediata de los derechos y libertades públicas de los nicaragüenses que están garantizados por la Constitución de la República, y que son imprescindibles en una contienda electoral. Esto implica que el régimen cumpla con los acuerdos firmados con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en marzo de 2019, para lograr la restitución de derechos y garantías ciudadanas”, solicitó la organización opositora.
“La escalada de la represión lleva al país en un sentido contrario al favorable entorno que necesitamos para un eventual proceso electoral, como el que hemos estado exigiendo como mecanismo para encontrar una solución pacífica y democrática a nuestra crisis política”, expresó la Alianza.
La oposición pidió a los países de la OEA que “evalúe el hecho de que si las reformas electorales que la Carta Interamericana Democrática de la OEA considera fundamentales para garantizar que haya unas elecciones justas y transparentes, no son realizadas por el Gobierno de Nicaragua, el gobierno que resulte electo en dicho proceso carecerá de legitimidad”.
La Alianza Cívica alertó que la tendencia a la represión que se vive en Nicaragua “puede conducir al cierre de la posibilidad de recuperar los derechos y garantías ciudadanas, y perder la oportunidad de construir una salida a la crisis, a través de un proceso electoral”.
La OEA mantiene abierto un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua, por “rompimiento del orden constitucional”, que de aplicarse, suspendería al país como miembro del organismo.