La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó la extensión de un período de solicitud de nuevas personerías jurídicas, anunciada hoy por el Consejo Supremo Electoral (CSE) que domina el régimen de Daniel Ortega, al considerar que esto “no constituye, ni resuelve las reformas de fondo al sistema electoral de Nicaragua”.
El CSE informó este martes que amplió el plazo para que los partidos políticos soliciten personería jurídica dejando solo cinco meses antes de las elecciones generales previstas para noviembre de 2021.
La Alianza Cívica ha demandado cambios profundos al Consejo Supremo Electoral y al sistema electoral, pero lo anunciado este martes es una “estrategia de la dictadura de no resolver los temas políticos de fondo que ayuden a los nicaragüenses en la búsqueda de soluciones democráticas para salir de la grave crisis de Derechos Humanos e institucional que atravesamos desde el 2018”, indicó.
La organización opositora además demanda “la recuperación de la confianza del votante, y las garantías ciudadanas para la realización del ejercicio democrático, sí lo son, así como un nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) y observación nacional e internacional de forma irrestricta”. También, cambios de Magistrados en el CSE, Padrón Electoral único, despartidizar los organismos electorales, observación nacional e internacional irrestricta, la transmisión y publicación de datos en tiempo real el mismo día de las elecciones y la reactivación de relaciones entre el Estado de Nicaragua y la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Para la Alianza Cívica lo antes mencionado y la transparencia en el sistema electoral “es clave para acabar con los recurrentes fraudes cometidos por la dictadura”.
Indicó que cualquier personería jurídica otorgada por un CSE fraudulento, estaría manchada por el “tradicional zancudismo que tanto daño le ha causado al país”.
“Demandamos que todo proceso electoral debe llevar liberación plena de los presos políticos, la recuperación de las garantías ciudadanas, que se encuentran en los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019, firmados entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Estado de Nicaragua”, agregó la Alianza Cívica.
La decisión unilateral del CSE dominado por el régimen de Daniel Ortega viola la Ley Electoral en su artículo 77 que establece 12 meses antes de la fecha de las elecciones.
El CSE amplió el plazo argumentando que es para que los posibles partidos políticos puedan cumplir con los requisitos y para “salvaguardar la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad de la voluntad popular”, según la resolución publicada en La Gaceta.
Otra justificación fue “la pandemia del COVID-19”, el CSE asegura en Nicaragua “se han tomado todas las medidas de prevención y cuido responsable para priorizar la salud de cada ciudadano”.