La instauración de cadena perpetua, la ya puesta en vigor Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y el proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos, fueron rechazadas hoy por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, por considerarlas un “combo legal explosivo” por parte del régimen de Daniel Ortega.
“Rechazamos y condenamos las tres iniciativas de ley propuestas recientemente por la dictadura Ortega-Murillo, ya que constituyen un combo legal explosivo de corte autoritario contra los derechos y libertades fundamentales de todos los nicaragüenses”, dijo la Alianza Cívica a través de un comunicado.
La Organización opositora señaló que este combo “pretende recrudecer la represión social y política contra los ciudadanos opositores, los medios de comunicación independientes y redes sociales a través de la incorporación de la cadena perpetua como pena máxima para los crímenes de odio, la criminalización de la libre expresión previstas en la Ley Especial de Ciberdelitos o Ley Mordaza”.
Mientras con la ya aprobada Ley de Agentes Extranjeros “se persigue un mayor control y restricciones para ejercer el derecho a la asociación y la participación ciudadana en la política interna”, según la organización.
Ahondó en que la esta última legislación contiene una regulación “violatoria a los derechos y libertades de los nicaragüenses bajo la excusa de la no injerencia extranjera en los asuntos internos y defensa de la estabilidad económica y política del país”, pues introduce la definición de “sujetos obligados” o “agentes extranjeros” y les obliga, “bajo amenaza de perder su personalidad jurídica o ser sujeto de confiscaciones, a anotarse en un registro de agentes que estará a cargo del Ministerio de Gobernación (MIGOB)”.
La Alianza indicó que la ley convierte al MIGOB “en una central de información financiera”.
Asimismo, se refirió a la prohibición contenida en esta ley sobre que partidos políticos no puedan tener vinculaciones con agrupaciones políticas del exterior lo cual “viola la Constitución Política y la Ley Electoral”.
“Los partidos políticos pueden tener filiación con organizaciones internacionales y ha sido parte de la cultura política nacional e internacional. La intención de inhibir políticamente a opositores es explícita al prohibir a los agentes obligados a no poder ser funcionarios públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier naturaleza. Esto es claramente violatorio de los derechos políticos, en particular al derecho a elegir y ser electo, derecho que es afectado por una ley ordinaria, en una clara contradicción y violación al principio de jerarquía legislativa”, afirmó la Alianza Cívica.
Añadió que la aplicación de esta ley violentará principios fundamentales constitucionales, tales como la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad humana, el pluralismo político y social y la libre cooperación internacional, entre otros.
“Reiteramos que, con la aprobación y entrada en vigencia de la Ley Putin, el régimen está radicalizando la represión y el cierre de los espacios políticos a través de la violación de los derechos y libertades constitucionales. Es por ello que hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional a sumarse al rechazo frente a este nuevo intento de la dictadura de transgredir los derechos de los nicaragüenses”, concluyó la organización opositora.