Opinión y Blog

Alianza Cívica, UNAB y personería jurídica – Edmundo Jarquín

Durante la semana, el régimen de Ortega profundizó su aislamiento internacional. Se trata únicamente de pronunciamientos, pero no pueden ser ignorados porque anticipan acciones. Nos referimos a la resolución en el Senado de los Estados Unidos, urgiendo la recuperación democrática, y aquí la clave es que fue adoptada bipartidistamente; la carta de reconocidos intelectuales protestando la represión contra médicos, que sin duda impactará a la opinión pública y condicionará la actitud de sus gobiernos; y la comunicación del Secretario General de la OEA al Consejo Permanente de ese organismo.

En su carta, Almagro hace un recuento detallado de violaciones a derechos humanos, pero además señala  acciones a emprender.  Entre ellas, he seleccionado cuatro por su importancia en los debates que existen sobre unificación de la oposición y se realizan en la Alianza Cívica (ACJD) y la UNAB, como organizaciones opositoras paraguas que nos representan y emergieron de la crisis de abril.

Primero, el proceso de reformas electorales, aunque se procesará en la Asamblea Nacional, debe realizarse en  “diálogo que incluya a todos los sectores políticos y sociales”. La actual Asamblea es producto de la exclusión política de la dictadura, y el mecanismo de convocar únicamente a la ACJD y UNAB a “consultas” en las comisiones legislativas, no es sustitutivo de la negociación y acuerdos necesarios en cuanto a las reformas que se requieren.

Segundo, en el diseño del sistema electoral además de un Consejo (CSE) que brinde confianza a todos, deben integrarse Consejos Departamentales, Municipales y JRV, “que garantice el profesionalismo e imparcialidad en sus actuaciones”. Es decir, no puede haber monopolio partidista o bipartidista, como establece el pacto Alemán-Ortega.

Tercero, Almagro hace un llamamiento a “una salida pacífica a la inocultable tensión que la historia reciente ha generado”, y esa ha sido la bandera levantada por la Alianza Cívica y la UNAB, y dentro del Estado nicaragüense, la única institución que al respecto se ha pronunciado, en reiterados comunicados, ha sido el Ejército.

Finalmente, el Secretario General hizo suyas las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel, constituida como resultado de la resolución de la Asamblea General de la OEA en Medellín en 2019, y a la cual Ortega impidió entrar en Nicaragua. Esa Comisión, entre las condiciones para unas elecciones verdaderamente democráticas, señala el necesario “registro libre y transparente de partidos políticos”.

En este sentido, tanto la ACJD y la UNAB no deberían caer en el juego de las personerías jurídicas entregadas por Ortega a quien quiso y dispuso, porque eso formó parte del proceso fraudulento de elecciones que nos condujo a la crisis en que estamos, y el desafío, como dijo Almagro, es “evitar lo peor”.

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