Alianza Internacional para la Libertad Religiosa denunció a Ortega por su persecución a la Iglesia Católica de Nicaragua

La Alianza Internacional para la Libertad Religiosa o de Creencia (IRFBA, por sus siglas inglés) expresó su preocupación por el “continuo desprecio” del régimen de Daniel Ortega por sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, incluido el de la libertad de religión o creencia.

En una declaración, la Alianza condenó el “marcado aumento de la hostilidad, la discriminación y la persecución en Nicaragua, en particular las restricciones relacionadas con la Iglesia Católica”.

Señaló que, en menos de cuatro años la Iglesia Católica en Nicaragua ha sido objeto de 190 ataques y profanaciones, incluido un incendio en la Catedral de Managua, así como acoso policial y ataques contra obispos y sacerdotes, y el cierre injustificado de al menos ocho estaciones de radio católicas. 

Mencionó la expulsión del Nuncio Apostólico, Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag; de miembros de las Hermanas de la Cruz y Misioneras de la Caridad de Madre Teresa y de organizaciones religiosas en Nicaragua que dirigían escuelas y centros médicos.

PIDE LA LIBERTAD DE MONSEÑOR ÁLVAREZ

IRFBA sostuvo que toma nota de los ataques contra líderes católicos y la detención de varios sacerdotes, en particular la del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez.

Pedimos la liberación inmediata del obispo Álvarez y otros sacerdotes detenidos injustamente, y que se restablezca la libertad de religión o de creencias para todos”, demandó la Alianza.

Nos sumamos a los llamados internacionales para que Nicaragua respete los derechos humanos, luego de la Resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 31 de marzo de 2022”, añadió.

La Alianza también hizo un llamado al régimen de Ortega a cooperar con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, particularmente la Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, incluyendo su oficina regional en Centroamérica, y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

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