La Alianza Progresista para las Américas denunció este miércoles la “represión política de la dictadura de Daniel Ortega” en Nicaragua, señalando que esta ha “alcanzado niveles altamente alarmantes que deben ocupar a la comunidad internacional y a las fuerzas democráticas progresistas del mundo y en particular de América Latina”.
“La represión política de la dictadura de Daniel Ortega sigue ejecutándose de manera indiscriminada. En las últimas semanas se ha concentrado en el acoso y el encarcelamiento de sacerdotes y un obispo de la Iglesia Católica, contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes”, dijo en un comunicado.
La Alianza Progresista para las Américas se refirió a Monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra bajo secuestro domiciliar sin ninguna figura judicial que lo justifique, y a los diez sacerdotes presos en sistemas penitenciarios y ‘El Chipote’.
También mencionó la ilegalización de más de 1.800 organizaciones no gubernamentales, el cierre de 52 medios de comunicación de todo tipo y 16 espacios informativos cerrados.
La Alianza dijo que “el estado policial se mantiene y los nicaragüenses están sometidos a un ambiente de terror establecido por la dictadura mediante el control de las instituciones estatales, especialmente el aparato judicial y la policía, que actúan como ejecutores principales de la represión dictatorial”.
Asimismo, señaló que el número total de presos políticos, supera los 205. “Entre ellos 14 dirigentes y activistas del partido Unamos, incluyendo 6 directivos nacionales y su presidenta Suyen Barahona. Hugo Torres, vicepresidente, murió en la cárcel en el mes de febrero”, apuntó.
“Todos los presos políticos están siendo sometidos a torturas físicas y sicológicas, lo que quedó constatado en días pasados cuando después de más 400 días, 27 de ellas y ellos fueron presentados. Su deterioro físico y el riesgo de sus vidas, es palpable. En particular las mujeres dirigentes de Unamos, Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila y Dora María Téllez, se encuentran en estado de aislamiento y sus vidas en riesgo real”, continuó.
La Alianza afirmó que “la dictadura de Daniel de Ortega que ha destruido todo estándar democrático, vulnerado todas las normas de convivencia y ha conculcado los Derechos Humanos de los nicaragüenses”.
Por ello, llamaron a los gobiernos de la región, a la Organización de Estados Americanos (OEA), a los gobiernos europeos, a la Unión Europea y a la Secretaría General de Naciones Unidas, a “poner en práctica a lo inmediato, las medidas diplomáticas y políticas que correspondan ante la magnitud del drama humanitario y político que vive Nicaragua, a fin de lograr que el régimen de Ortega para abra la posibilidad de una solución democrática”.
“Llamamos a todas las organizaciones democráticas y progresistas a poner en práctica acciones inmediatas dirigidas a lograr el cese de la tortura a todas las presas y presos políticos y su libertad incondicional y con garantías. Reiteramos nuestra firme solidaridad con el pueblo de Nicaragua y en particular con todas las fuerzas democráticas”, concluyó.