El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro denunció ante la presidenta del Consejo Permanente de ese organismo regional, Embajadora Elizabeth Darius-Clarke, Representante Permanente de Santa Lucía, la “situación de la oficina nacional de la OEA en Nicaragua”.
En una carta dirigida a Darius-Clarke, Almagro sostuvo que el domingo 24 de abril, el régimen de Daniel Ortega ordenó la expulsión de la OEA de Nicaragua y con ello cerró la sede del organismo en Managua. “Inmediatamente después fuerzas policiales ocuparon la sede de dicha oficina, apoderándose de sus archivos, así como de todo el material existente. Los funcionarios de la Secretaría General pueden correr serios riesgos”, alertó.
“Nunca ello había ocurrido ni en tiempos de las peores dictaduras en la región, incluidas las que había vivido Nicaragua. Estamos ante la violación de las más elementales normas que regulan las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales abriendo un precedente abriendo un precedente que la región no había conocido hasta ahora”, apuntó Almagro.
En ese sentido, el uruguayo destacó que la Carta de la OEA establece en su artículo 133 que “la Organización de los Estados Americanos gozará en el territorio de cada uno de sus miembros de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos”.
Almagro afirmó que “Nicaragua está obligada por esta norma”.
Asimismo, destacó que Nicaragua está obligada al “Acuerdo de Privilegios e Inmunidades” que dispone que “los locales de la Organización y de sus órganos son inviolables”, incluidos sus archivos y documentos.
Además recordó que el 2 de octubre de 1989, el canciller de Nicaragua de ese entonces, Miguel d’Escoto, suscribió al país en el acuerdo de “privilegios e inmunidades” de la OEA, que detalla que el gobierno le reconoce a la Oficina de la Secretaría General “contra todo tipo de procedimientos, allanamientos, registro, confiscación o cualquier otra medida, sin el consentimiento de las autoridades de la Secretaría General”.
El secretario general aseguró que el cierre de la sede de la OEA en Managua es “una flagrante violación de todas las normas” del organismo.
“Es por sobre todo una violación flagrante al derecho internacional que es norma de conducta de los Estados americanos y cuyo orden internacional está esencialmente constituido por el respeto… y el por el fiel complimiento de las obligaciones emanadas de los contratos y de otras fuentes del derecho internacional”, advirtió.
“La acción llevada a cabo por el gobierno nicaragüense es absolutamente despreciable en términos jurídicos, políticos y éticos, la misma constituye una acción de violencia y es atentatoria de la normativa internacional. En ese sentido la condenamos y repudiamos. Se pone en conocimiento del Consejo Permanente para ulteriores acciones de la Organización y de sus Estados Miembros”, agregó.
NICARAGUA SALDRÁ DE LA OEA EN 2023
Por otro lado, Almagro indicó que Nicaragua tras anunciar su retiro de la OEA el 18 de noviembre de 2021, quedará desligada del organismo después de cumplir con las obligaciones emanadas en la Carta y transcurrido dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba la notificación de la denuncia, es decir el 19 de noviembre de 2023.
“No hay posibilidad alguna de dar por terminada su condición de Miembro de la OEA antes de esa fecha. Hasta entonces Nicaragua quedará sujeta a todas la obligaciones que emanan de la Carta y de los acuerdos que en su marco ha celebrado”, apostilló Almagro.