Alto Comisionado de la ONU insta a Ortega a “respetar, cumplir y proteger los derechos humanos de todas las personas en Nicaragua”

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, confirmó que en el último año no se ha observado ninguna mejora de los derechos humanos en Nicaragua, donde continúa la persecución de todo aquel percibido como opositor, así como las detenciones arbitrarias y la falta de libertad de expresión y de religión.

“Las personas percibidas como opositoras o críticas del gobierno han continuado siendo perseguidas y se han violado sus derechos humanos”, dijo el alto responsable en una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos sobre lo ocurrido desde que presentó su anterior informe sobre el país centroamericano hace un año.

Según las informaciones corroboradas por la ONU, 71 personas permanecen detenidas arbitrariamente en Nicaragua, tras haber sido juzgadas y condenadas sin garantías procesales.

“Ejercer el activismo cívico y la defensa de los derechos humanos se ha vuelto casi imposible. Desde agosto de 2022, se ha cancelado el estatus legal de 2.020 organizaciones de la sociedad civil y de un total de 3.394 organizaciones desde 2018”, detalló Türk.

Esto implica que casi la mitad de los grupos de la sociedad civil en Nicaragua han sido clausurados, mientras que muchos otros han sido empujados a la autocensura.

El alto comisionado denunció que los actos “de persecución constantes e impredecibles” del régimen orteguista han incitado a muchos nicaragüenses a huir y que entre septiembre de 2022 y julio de 2023, 45.866 solicitaron asilo únicamente en Costa Rica, el país que concentra la mayor comunidad exiliada desde 2018.

Estas son las recomendaciones que el Alto Comisionado hizo al régimen de Daniel Ortega:

“El Alto Comisionado insta al Gobierno a mantener su compromiso de respetar, cumplir y proteger los derechos humanos de todas las personas en Nicaragua, e implementar plenamente las recomendaciones formuladas por la OACNUDH y los mecanismos de derechos humanos que siguen sin cumplirse”.

También a: “Liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente en relación con la crisis de derechos humanos de 2018.

Derogar la Ley 1145 (2023) y la reforma del artículo 21 de la Constitución, restituir la nacionalidad a todas las personas privadas de ella y permitir el retorno seguro de todos y todas las nicaragüenses que deseen regresar al país.

Facilitar urgentemente la expedición de documentos de viaje oficiales para permitir la salida de todas las personas que quieran abandonar Nicaragua, especialmente los niños y niñas y los cónyuges que busquen la reunificación familiar.

Habilitar un espacio cívico abierto y pluralista que garantice las libertades de expresión y opinión y de reunión y asociación, permitiendo a todas las personas, grupos y organizaciones ejercer sus derechos a defender los derechos humanos, y a participar en la dirección de los asuntos públicos y otros derechos políticos, también mediante el restablecimiento de la personalidad jurídica de todas las organizaciones privadas arbitrariamente de ella.

Garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Investigar todos los actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y exigir responsabilidades a los autores de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Prevenir nuevos actos de violencia condenándolos públicamente y garantizando los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes mediante, entre otras cosas, la finalización del proceso de saneamiento en consulta con ellos. Garantizar que se respeta el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre las medidas y leyes que puedan afectarles, de acuerdo con las normas internacionales.

Redoblar urgentemente los esfuerzos para erradicar la violencia de género, incluidos los malos tratos y la tortura de mujeres detenidas y el matrimonio infantil, y establecer la edad mínima legal para contraer matrimonio en 18 años sin excepción; promover la rendición de cuentas de los agresores y el acceso a la justicia y a los servicios para las víctimas; modificar la legislación sobre el aborto en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos; y adoptar medidas para garantizar que los y las adolescentes tengan pleno acceso a la planificación familiar y a los anticonceptivos, así como a información adecuada sobre salud sexual y reproductiva para evitar embarazos precoces.

Como compromiso en el año de conmemoración del 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerar la ratificación de las convenciones y protocolos facultativos de derechos humanos de los que Nicaragua aún no es parte, como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Cooperar con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas para abordar los l vacíos existentes en materia de protección.

Permitir a la OACNUDH y a otras organizaciones regionales e internacionales el acceso a Nicaragua y cooperar eficazmente con ellas”.