El ambientalista Amaru Ruiz denunció este jueves ante el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, “la violación y criminalización” a su labor como defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas de Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes a través de la Fiscalía lo acusaron por el supuesto delito de “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”, en base al artículo 30 de la Ley Especial de Ciberdelitos.
“Los antecedentes inmediatos a esta acusación que hace el Ministerio Público de Nicaragua en contra mía y la orden de captura emitida por el Ministerio Público también, solo representan una actuación más del régimen Ortega-Murillo para acallar el trabajo y la labor que estamos realizando desde Fundación del Río y como defensor de derechos ambientales y derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes”, declaró Ruiz en una conferencia de prensa virtual desde Costa Rica donde se encuentra exiliado desde finales de 2018.
El joven, presidente de la Fundación del Río, oenegé cuya personalidad jurídica fue cancelada en diciembre de 2018 por el régimen orteguista, mencionó que la criminalización en su contra se deriva entre otras razones por su rechazo en 2013 a la construcción del fallido Canal Interoceánico.
Ruiz también señaló las denuncias que realizó en abril de 2018 sobre la negligencia del Estado frente al incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz. “A partir de ahí yo recibí un atentado en mi casa de habitación, el 28 de abril, sujetos entraron a mi casa, rompieron ventanas y dañaron uno de los vehículos de Fundación del Río”, precisó.
El pasado 8 de septiembre, el Ministerio Público de Ortega informó a través de un comunicado sobre la presentación de una acusación contra de Ruiz por el supuesto delito de “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”, y solicitó al poder judicial la emisión de una orden de detención en su contra.
El Ministerio Público afirma que Ruiz “brindó información falsa de hechos ocurridos en los años 2020 y 2021 en las comunidades de la Costa Caribe Norte” y que, a raíz de sus denuncias, “pretendió crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional”.
Al respecto, el ambientalista destacó que la acusación en su contra se basa en las denuncias que hizo en sus redes sociales sobre las masacres en dos comunidades de poblaciones indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, y en particular la violencia ejercida contra las comunidades indígenas de la Costa Caribe Norte de Nicaragua en 2020 y 2021, específicamente en el Territorio Mayangna de Sauni As en la Reserva de Biosfera Bosawás.
“Estos hechos se dieron en estas comunidades, nosotros tenemos evidencias, testimonios, fotografías; es decir, los hechos ocurrieron en estos territorios, tanto en el 2020 como en 2021”, zanjó Ruiz.
El ambientalista afirmó que continuará denunciando las violaciones de derechos humanos a los pueblos indígenas y al medio ambiente; y elevará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la denuncia de criminalización en su contra.
Ruiz apuntó que el régimen Ortega-Murillo busca tratar de “callar las voces disidentes y seguir con su estrategia de miedo” hacia los liderazgos comunitarios que “se han atrevido a quitar la censura mediática y a seguir denunciando la actuación de los colonos en sus territorios y la negligencia y complicidad de las instituciones del Estado”.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudió lo que denominó como “persecución gubernamental”, por acusar al ambientalista con la Ley de Ciberdelitos, ya que según el organismo viola la Constitución, que garantiza el derecho a la información.
“Esta acusación se refiere a las denuncias de las dos masacres, es evidente que el propósito es acallar, evitar que los nicaragüenses exijan cuentas, perpetrar la impunidad”, afirmó el abogado del Colectivo Juan Carlos Arce.