La organización Amnistía Internacional denunció que el gobierno de Nayib Bukele sumerge a El Salvador en una crisis de derechos humanos, con múltiples atropellos en los que destacó “miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos, y al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado”.
“Hace tres años nos reunimos con el presidente Nayib Bukele y se comprometió a respetar los derechos humanos. Sin embargo, desde entonces y de forma reiterada no ha cumplido con su palabra”, lamentó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La ONG realizó un balance al cumplirse los tres primeros años del gobierno de Bukele, con especial atención al régimen de excepción decretado a fines de marzo y extendido dos veces tras un pico de homicidios presuntamente cometidos por pandillas.
“Las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza. En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia”, denunció el comunicado.
Según reportaron, en las últimas semanas han documentado con detalle 28 casos de violaciones de derechos humanos, correspondientes a 34 personas.
El mandatario es el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña con la opción de buscar su reelección inmediata tras un cambio de criterio hecho por los magistrados de la Sala de lo Constitucional que sus aliados en el Congreso eligieron en un proceso ampliamente criticado. Desde entonces, Bukele no se ha pronunciado, pero funcionarios y seguidores han respaldado públicamente su reelección inmediata. Al cierre del tercer año del mandato, Bukele ha mantenido un amplio respaldo de la población hacia su forma de gobernar y, de no ocurrir nada extraordinario de cara al final de su mandato, le alcanzaría para hacerse nuevamente con la silla presidencial.
La llamada “guerra contra las pandillas” es una de las grandes apuestas del gobierno de Bukele. Aunque entes internacionales y nacionales han alertado de violaciones a los derechos humanos durante el estado de excepción, aprobado por un mes a finales de marzo y ampliado por dos más, dicha medida cuenta con una aprobación del 74 % de la población, de acuerdo con LPG Datos. “Hoy estamos a punto de ganar la batalla más difícil de todas, estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas”, aseguró el presidente el miércoles en un mensaje ante el Congreso y transmitido en cadenas de radio y televisión.
Detención arbitraria y tortura
El régimen de excepción y las reformas al código penal han limitado los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente. Según halló Amnistía Internacional, miles de personas están siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales —la existencia de una orden de aprehensión administrativa o judicial o en una situación de flagrancia— sino únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del gobierno del presidente Bukele, ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusadas por un tercero de tener supuestos vínculos con una pandilla, por tener un familiar perteneciente a una pandilla, por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo, o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla, que son precisamente zonas con altos niveles de marginación y abandono estatal histórico.
También, Amnistía Internacional documentó casos de tortura y malos tratos al interior de los centros de detención. Los testimonios revelan el nivel de control que poseen miembros de las pandillas dentro de las celdas y de las condiciones extremas de hacinamiento, que estarían resultando en violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal, y ocasionando graves problemas de salubridad, escasez de alimentos y útiles básicos de higiene, afectando gravemente la salud de las personas detenidas.
Por otra parte, la ONG relevó el fallecimiento de William Alexander Galeas González, de 36 años, quien fue detenido el 13 de abril junto a su madre y su hermana, por supuestos vínculos con pandillas. El 12 de mayo una funeraria visitó a la familia para informarles de la muerte de William, con quien no se habían podido comunicar desde su detención. Ninguna autoridad les notificó de la muerte ni les ha contactado hasta el momento. Según un documento del Instituto de Medicina Legal, el dictamen forense apunta a un edema pulmonar como causa preliminar de la muerte. La familia relató que al revisar el cuerpo observaron múltiples moretones.
Además de fuertes ataques a la prensa, el gobierno también ha avanzado contra la independencia judicial. Amnistía Internacional conversó con dos ex funcionarios judiciales y un juez en funciones, quienes detallaron las afrentas que sufren los operadores de justicia, incluyendo reprimendas y llamados de funcionarios judiciales de alto nivel exigiendo no exonerar a los acusados en el marco del régimen de excepción y dictar detención provisional como regla general.
“Llamamos al gobierno del presidente Bukele a revertir de forma inmediata las recientes medidas violatorias de derechos humanos y a establecer un diálogo con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, con el fin de establecer una política de seguridad pública efectiva y respetuosa de los derechos humanos”, reclamó Erika Guevara Rosas.