Ante el anuncio que mañana 24 de junio el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) abordará nuevamente la situación de Nicaragua, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado a los Estados miembros de dicho organismos y en especial al Grupo de Trabajo para Nicaragua para que continúen realizando todas las gestiones diplomáticas necesarias para que el Estado nicaragüense garantice verdad, justicia y reparación por los crímenes de derecho internacional y las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país.
Amnistía Internacional publicó una carta abierta dirigida a los miembros de la OEA para pedirles mantenerse vigilante ante esta situación de Nicaragua donde la crisis sociopolítica y la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 se han juntado, desencadenando más violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses por parte del régimen de Daniel Ortega.
El organismo indicó que, en el contexto de la pandemia del COVID-19, “resulta alarmante la falta de acatamiento de estándares internacionales referidos a la prevención y control de epidemias por parte del Estado nicaragüense, con lo cual, estaría poniendo en riesgo la salud y la vida de la población y colocando en situación de indefensión a grupos de población que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como las personas que han sido privadas de libertad por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica y las personas trabajadoras del sector salud”.
Amnistía Internacional expresó su preocupación además porque el régimen promueve aglomeraciones masivas y podrían poner en riesgo a miles de personas.
En el caso particular de los presos políticos, AI denunció que casi 90 personas permanecen aún en prisión por motivos políticos, a quienes el Estado de Nicaragua no cumple con su obligación de garantizarles el derecho a la salud.
Al mismo tiempo, criticó que los médicos recientemente despedidos no han podido regresar a su lugar de trabajo y hasta ahora no han recibido una compensación por despido.
“Estos despidos son el último acontecimiento de una serie de represalias, en el entorno laboral, sufridas por el personal de salud desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Estos incidentes han incluido la prohibición del uso de equipo de protección personal (EPP) en varias ocasiones, además del acoso e intimidación hacia personas trabajadoras de la salud que han levantado la voz sobre condiciones de seguridad laboral y condiciones adecuadas para tratar pacientes”, anotó AI.
Para Amnistía Internacional los recientes despidos de personal de salud se ubican dentro de un contexto de represión estatal que inició en Nicaragua en abril 2018 y que, a la fecha, continúa.
A juicio del organismo ante la negligencia del régimen en torno a la pandemia, “no sólo se estaría poniendo en riesgo a la población en Nicaragua, sino que dichas situaciones podrían tener impactos negativos en las medias de contención para hacer frente al COVID19 que implementan países vecinos”, alertó.
“Amnistía Internacional hace un enérgico llamado al Grupo de Trabajo del Consejo Grupo Permanente para Nicaragua, a continuar impulsando de forma sostenida todas las gestiones diplomáticas a su alcance para coadyubar a la búsqueda de soluciones que permitan garantizar justicia, verdad y reparación. De igual forma, la organización solicita a este grupo de trabajo exigir al Estado nicaragüense el cumplimiento de la resolución ‘Respuesta de la OEA a la pandemia de Covid19’, en particular en lo relativo al respeto de los derechos humanos en la respuesta a la pandemia”, concluyó.
Para mañana a las 10:00 de la mañana está prevista una sesión virtual del Consejo Permanente de la OEA, para “dar seguimiento a la situación en Nicaragua bajo el artículo 20 de la Carta Democrática”, a petición del Secretario General, Luis Almagro.
*Foto cortesía