Más de un centenar de personas están presas en Nicaragua por protestar contra el régimen de Daniel Ortega. Decenas de ellas sufren enfermedades y no reciben atención médica pese a la pandemia de COVID-19, denunció el lunes Amnistía Internacional (AI).
En un informe titulado “En silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua”, el organismo refirió que hasta fines de noviembre de 2020 “más de 100 personas continuaban tras las rejas solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica”, indicó el documento de AI citando datos de organizaciones locales. Agregó que un mes después, en diciembre pasado, 31 personas excarceladas habían sido “nuevamente detenidas y eran mantenidas privadas de su libertad por ejercer sus derechos”.
Según Amnistía Internacional, el régimen de Ortega “utiliza al Poder Judicial para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios” y en algunos casos excarcelarlos y volver a detenerlos poco después.
“Al interior de las cárceles, las personas detenidas por su activismo siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo”, además de que la pandemia de COVID-19 “agravó los problemas históricos relacionados a las condiciones carcelarias en Nicaragua”, destacó el informe.
Aseguró que “decenas de personas detenidas por motivos políticos sufren de padecimientos médicos que los hacen especialmente vulnerables al COVID-19”. Si bien algunas han mostrado síntomas asociados al virus, “las pruebas son prácticamente inexistentes, así como la atención médica o los cuidados sanitarios”.
“Desde que en 2018 estalló en Nicaragua la actual crisis de derechos humanos, el gobierno no ha dado tregua a ninguna forma de disidencia o crítica. Las autoridades se han dedicado a erradicar, a cualquier costo, el activismo y la defensa de los derechos humanos”, resaltó el informe de AI.
Hoy, “cualquier persona que se oponga a las políticas del gobierno puede perder su libertad y hasta su vida”, advirtió.
AI también recogió denuncias sobre el acoso que sufren activistas excarcelados, el cual “les impide ejercer sus actividades cotidianas, como trabajar o estudiar, y continúan su activismo bajo una situación de alto riesgo para su vida y libertad”.
“Las expresiones de acoso han incluido controles excesivos por parte de autoridades migratorias y policiales en las fronteras con países vecinos, asedio policial en actos religiosos, vigilancia continua en sus viviendas a manos de agentes policiales, detenciones, agresiones físicas, amenazas verbales directas de agentes policiales, pintas en sus casas con amenazas y ataques, o daños a su patrimonio y fuentes de ingreso”, detalló.
*Con AP