La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que promueve el régimen de Daniel Ortega es un proyecto “malvado” que se asemeja a normativas legales de países con gobiernos totalitarios, como Rusia, advierten defensores de derechos humanos de Nicaragua.
La normativa propone impedir que organizaciones o personas que reciban financiamientos de gobiernos y agentes internacionales intervengan en las políticas internas del país.
Los ciudadanos nicaragüenses quedarán divididos entre “verdaderos” y “agentes extranjeros” de acuerdo con su recepción de fondos foráneos, reza el proyecto. La ley, que aún no ha ido a consulta, suspende los derechos políticos de los llamados “agentes extranjeros” y autoriza la confiscación de sus bienes bajo el argumento de la defensa de la soberanía y la seguridad del Estado nicaragüense.
El cerco policial que vivió el pasado viernes el movimiento de mujeres María Elena Cuadra, organización no gubernamental que defiende los derechos femeninos en Nicaragua, se trató de un “ensayo” de la inminente aprobación y aplicación de la ley, según los mismos analistas.
Organizaciones de esa naturaleza están en el ojo del huracán del borrador de ley presentado la semana pasada por los diputados orteguistas ante la secretaría de la Asamblea Nacional.
Sandra Ramos, directora del movimiento, aseguró que la ONG se encuentra lista para enfrentar cualquier “zarpazo” del régimen de Ortega y expresó ante la prensa que no teme ser encarcelada por su labor en pro de la mujer.
Proyecto “perverso y malvado”
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, expresó a la VOA que la toma policial del Movimiento María Elena Cuadra es un preámbulo de la normativa que pretende impulsar el orteguismo, que ocupa 70 de los 91 asientos del Parlamento nacional.
“Es un ensayo de aplicación de lo que va a significar si se aprueba esa iniciativa de ley, que nos dejan analizar jurídicamente para tratar de demostrar lo perverso y malvado de la misma”, opinó.
El régimen de Ortega, excluyó de la consulta nacional de la ley a las organizaciones que la norma pretende regular.
Solo se ha citado a debatir a funcionarios de la cancillería, la policía, la fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Gobernación, todos organismos del Estado.
La diputada Azucena Castillo, opuesta a la normativa, precisó que la discusión sobre el borrador de ley no ha avanzado en la Asamblea Nacional. Esta semana, al menos, no se debatirá.
“En la agenda para esta semana no incorporaron la ley tan rechazada. Tampoco la Comisión (económica) ha llamado a consulta. A lo mejor, la van a revisar antes de exponer a consulta ese adefesio jurídico”, detalló a la VOA.
Expertos en derecho han afirmado que la ley viola derechos políticos, excluye a los presuntos “agentes extranjeros” de su condición de ciudadanos y determina penas desproporcionadas por recibir financiamiento desde fuera de Nicaragua.
“Copia de otros países”
Gonzalo Carrión Maradiaga, defensor de los derechos humanos en Nicaragua, hoy en el exilio en Costa Rica, consideró este lunes que la iniciativa legal del orteguismo persigue la ratificación de “la dinastía Ortega Morillo” en el país.
“Es copia de otros países, como Rusia. ¿La intención? Apagar todo tipo de expresión, seguir reprimiendo, criminalizar el periodismo independiente y cualquier viso de derecho constitucional”, dijo, en su intervención en el foro Violación a los derechos humanos en América Latina.
Abogados, asesores, economistas y periodistas opuestos a las políticas de Ortega han comenzado a llamar la normativa como “ley Putin” o “ley rusa”, por sus similitudes con los regímenes legales de la nación presidida por Vladimir Putin en contra de quienes sean sospechosos de atentar contra la seguridad del Estado y están expuestos a represalias oficiales.
Carrión opinó que Nicaragua está regida por el “absolutismo” y recalcó que, a su entender, la esencia democrática del Estado se ha eliminado progresivamente desde el pacto bipartidista de finales del siglo pasado entre el Frente Sandinista, de Ortega, y el Partido Liberal Constitucionalista, del expresidente Arnoldo Alemán.
El proyecto legislativo ha despertado preocupación en la comunidad internacional. El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., Michael Kozak, calificó la ley como “una ofensa contra la democracia en Nicaragua”.
“En vez de proteger la soberanía, esta ley busca criminalizar medios independientes y grupos pro democracia”, escribió en Twitter.
*Con información de VOA