Nacionales · 18/06/2020

Antes de abril de 2018 ya existían presos políticos en Nicaragua

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ junto al Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (GREX) publicó este jueves un informe en el que reconoce a 10 personas como presos políticos, los que fueron detenidos, enjuiciados y condenados antes de las protestas de abril de 2018.

La ONG y GREX indicaron que los presos políticos en el contexto de las protestas iniciadas desde abril de 2018 hasta la fecha “no son las únicos” ya que previo a esa fecha al menos 10 personas se encuentran actualmente detenidas y sus perfiles los identifican también como reos políticos del régimen de Daniel Ortega, ya que el sistema de justicia nicaragüense ha sido utilizado para criminalizar y judicializar las protestas sociales y la disidencia en el país.

“Según información disponible hasta la fecha, con excepción, de los casos de 10 personas que fueron detenidas, procesadas y condenadas de forma arbitraria e injusta por estar vinculadas a protestas sociales o bien por su participación en grupos políticos. Todas estas personas son presas políticas desde antes de abril 2018”, reza el documento.

Los 10 presos políticos son:

  1. Marvin Vargas “El Cachorro”.
  2. Wilfredo Balmaceda Castrillo.
  3. Walter José Balmaceda Ruíz.
  4. Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo.
  5. Jairo Antonio Obando Delgadillo.
  6. Leonel Antonio Poveda Palacios.
  7. Zacarías Isabel Cano Angulo.
  8. Rosendo Antonio Huerta Gonzales.
  9. José Ricardo Cortez Dávila.
  10. José Oliver Meza Raudez.

Los nueve últimos están presos ilegalmente por el “Caso de la Masacre 19 de Julio” de 2014.

Lista de los 10 presos políticos que existen antes de abril de 2018

El documento detalla un conjunto de razones que dan cuenta del carácter político de los 10 casos, que en general se basan en criterios de “detención por ejercicio de derecho fundamental, motivación política, sin comisión de delito, detención prolongada como resultado de motivación política, aplicación desigual de la ley, fundada motivación política, violación de debido proceso, relacionada con motivación política”.

En el caso de Marvin Vargas “El Cachorro”, indica que el 8 de mayo de 2011, fue detenido por un operativo de fuerzas especiales de la Policía Orteguista, siendo trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, supuestamente por el delito de terrorismo, aunque fue acusado por el delito de estafa en perjuicio de personas a las cuales no conocía y remitido al Centro Penitenciario de Tipitapa.

Posteriormente, condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión, período en el cual fue aislado y remitido a la galería 300, con impedimentos o limitaciones para acceder a visitas de sus familiares e incluso visitas de contacto físico. Luego de cumplir esa arbitraria e injusta condena, no fue liberado y por el contrario permaneció seis meses detenido ilegalmente. Durante ese período, le fue autorizada una visita conyugal y luego de la misma, fue sometido a un “operativo”, donde encontraron droga, siendo nuevamente sometido a un juicio por tráfico interno de estupefacientes condenado a 12 años de prisión, impidiendo de esta forma su libertad.

Mientras que, en el “Caso de la Masacre 19 de Julio” de 2014, los 9 condenados, aún detenidos, no solo han alegado su inocencia y falta de participación en los hechos, sino que también pertenecían a estructuras políticas partidarias en el momento en que ocurrieron los hechos o eran opositores de vieja data.

Según fue denunciado por la Policía, los mismos fueron participantes directos, en dos ataques a una caravana proveniente de la capital, donde se celebró el 35 aniversario del 19 de julio, organizado por el régimen orteguista, donde murieron 5 personas y por lo menos 18 resultaron heridas.

Condenados en el “Caso de la Masacre 19 de Julio” de 2014