Dos cámaras empresariales rechazaron la reforma a la “Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias”, bajo el argumento de que pone en riesgo a la banca privada que opera en Nicaragua, así como las remesas familiares.
En una declaración, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) expresó su preocupación por esa normativa que, a su juicio, viola el principio de autonomía de la voluntad de los contratos y la libertad contractual, al impedir a los bancos que elijan de manera libre con quien iniciar y mantener relaciones comerciales.
“Esa reforma de ley deterioraría la posición internacional del país dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), afectando principalmente las corresponsalías de los bancos internacionales, imposibilitando el recibo de remesas, fundamentales para miles de hogares nicaragüenses”, alertó APEN.
También afectaría cualquier transacción internacional que requiera transferencias, por lo que impactará en las exportaciones e importaciones, en la inversión extranjera directa, en los contratos con las tarjetas de créditos, y aislará a Nicaragua del sistema financiero internacional, advirtió.
“En resumen, se incrementaría el riesgo país, que perjudicaría a todos los sectores de la población, pero principalmente al productivo, inversión, comercio y remesas”, continuó la APEN, que instó a las autoridades a trabajar por el fortalecimiento del marco jurídico.
En tanto, la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) calificó la aprobación de esa ley como “un golpe de gracia a las posibilidades de reactivación económica de todos los sectores económicos del país y terminando de hundir las posibilidades de empleo”, y criticó al régimen de Daniel Ortega por las consecuencias que pueda tener.
Ayer, la Asamblea Nacional, de mayoría absoluta orteguista, aprobó una enmienda que prohíbe a la banca cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa, lo que ha sido interpretado como una medida para neutralizar las sanciones económicas que Estados Unidos y otros países han impuesto a funcionarios orteguistas por corrupción o violación de los derechos humanos.
La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) ha dicho que dicha norma viola el derecho a la libre empresa, promueve el lavado de dinero, y expone a Nicaragua a quedarse fuera del sistema financiero global.
*Con información de EFE