Con 20 votos a favor, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la tarde de este miércoles la resolución que pide reformas electorales en Nicaragua de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, para que estas puedan ser reconocidas.
La resolución está destinada a incrementar la presión al régimen de Daniel Ortega para que reforme su sistema electoral y realice elecciones libres y justas en Nicaragua.
Los países que votaron a favor de la resolución fueron: Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Uruguay, Venezuela, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica.
El régimen de Ortega votó en contra, al igual que San Vicente. Mientras que 12 países se abstuvieron.
La resolución señala que el organismo da un plazo al régimen de Daniel Ortega para que cumpla con “los compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral”, la fecha es “a más tardar en Mayo de 2021”, antes de que se convoque a las elecciones generales de noviembre del mismo año.
En el documento también insta al régimen de Daniel Ortega a “respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a la celebración de elecciones presidenciales y legislativas nacionales libres y justas en Nicaragua”.
La OEA llama a Ortega a que “acepte el despliegue amplio y efectivo de las misiones de observación electoral que comprenden observadores internacionales independientes y acreditados en el proceso electoral de Nicaragua.
Los países miembros de la OEA, solicitan a la Secretaría General del organismo a que “apoye negociaciones inclusivas y oportunas entre el gobierno de Nicaragua y los actores nacionales que representan a la oposición nicaragüense sobre medidas de reforma electoral significativas y consistentes con los estándares internacionales aplicables y brindar asistencia técnica en su implementación, para promover elecciones libres y justas”.
En este último punto, precisa que es esencial que se incluya: la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de manera totalmente independiente, transparente y responsable. Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión; y el registro abierto de nuevos partidos políticos.
También pide “la revisión técnica independiente y actualización de los registros electorales y auditoría independiente de las listas de votantes”, “observación electoral internacional independiente, creíble y acreditada”, “gestión transparente y eficaz del registro de votantes y de distribución de cedulas de identidad y centros de votación”.
Asimismo, un “recuento transparente y consolidación de resultados y publicación de resultados en tiempo real y procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducta y los resultados electorales, y procedimientos para resolverlos”.
Por último, que la Secretaría General de la OEA “informe periódicamente sobre el estado de los acuerdos y cronogramas para la implementación de las reformas electorales, conducentes a elecciones libres, justas, competitivas, observadas y legítimas”.