Este jueves el dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro denunció al régimen de Daniel Ortega de practicar “terrorismo fiscal” contra muchos empresarios opositores, incluida su esposa, suegra y cuñada, a quienes las están amenazando con cárcel por una supuesta “defraudación fiscal” de más de 9 millones de córdobas.
Chamorro indicó que “en este terrorismo fiscal está detrás una red de abogados supuestamente privados en alianza con funcionarios de la Alcaldía de Managua”, señalando directamente al abogado Ricardo Humberto Ramírez McNally del despacho jurídico Rojas y Ramírez, quien a través de una carta amenazó a su esposa Victoria Cárdenas, la madre y hermana de esta “con cárcel si no pagaban la exorbitante suma de nueve millones 478 mil córdobas”.
Para el dirigente opositor esto “es un acto de intimidación de parte de un abogado sin atribuciones y además incurriendo en calumnia, al imputar defraudación fiscal al acusar ilegalmente en un Juzgado Penal”.
“Son decenas de casos de empresarios y empresas que han tenido que pagar millonarias sumas de dinero. Los afectados no han querido hacer la denuncia por temor a represalias”, afirmó Chamorro.
Una fuente judicial reveló a La Mesa Redonda el entramado de operaciones de los abogados Ramón Rojas y Ricardo Humberto Ramírez McNally, que en conjunto con la Alcaldía de Managua han venido haciendo para que empresarios paguen millonarias sumas de dinero a capricho de la comuna.
“El negocio es así, vos venís, te acusan, te hacen el juicio, si vos no pagás, no mediás el proceso sigue hasta que te condenan y te giran orden de captura. Si mediás tenés que pagar el 50% al momento de mediar y te cobran el 25% para los abogados y el otro 50% lo vas a pagar en plazos no mayores a seis meses. Terminás pagando el monto total, más un 25% de los gastos legales”, contó el abogado.
La fuente señaló que existen muchos casos llamativos en contra del sector privado, “por ejemplo los de Movistar, también el caso de la familia Mántica, las importadoras de Isuzu, el caso de Luis Rivas del Banpro que terminó pagando”, contó.
El jurista aclaró que nada del proceso es legal “porque en todo caso la Alcaldía de Managua tiene un departamento de asesoría legal, entonces el Consejo de la Alcaldía tendría que autorizar al departamento legal para que estos procedan a hacer las acciones de cobro de las recaudaciones”.
“Por qué no es legal… tiene que haber un acuerdo de parte de la comuna, del Consejo donde ratifique que van a empezar a hacer cobros a las personas que se encuentren morosos, necesitan hacer cobros previos por parte de la Alcaldía. Ellos vienen y para amarrarte, comienzan a hacer uso de todo el aparato que tienen para bloquearte. Por ejemplo, si tenés tres propiedades y debés impuestos en una de ellas, no te entregan solvencia de las otras porque debés en una, es ilegal, es una agresión al derecho a la propiedad”, sostuvo.
El abogado, subraya que estas acciones violan la transparencia de la justica, y someten al ser humano a un proceso que no es limpio y justo. “En cualquiera de los casos para poder acusar judicialmente tienen que agotar las vías administrativas porque como contribuyente tengo derecho a los recursos tributarios, si no estoy de acuerdo con lo que me estás cobrando, porque ahora la Alcaldía te cobra a placer”, agregó.
¿Quién es Ricardo Ramírez McNally?
“McNally es un abogado que defendía a narcotraficantes bajo la figura de Ramón Rojas viejo, –fue quien defendió a Daniel (Ortega) en el caso de la Zoilamérica–. Ricardo es bandido, es brinquitero, cuando era litigante hacía negocios con la hija de la Yadira Centeno, Lucía Flores Centeno y hacían casos de narcos es de esos abogados que tumban casos, que llevan casos en los que te serruchan el piso, es bien complejo ese hombre”, aseguró la fuente.
Contó que Ramírez McNally por amistad de infancia con Erick Canales, quien era el delgado del Distrito I de la Alcaldía de Managua y luego director de recaudaciones, buscaron la forma de “conseguir dinero” luego de la crisis económica generada a partir de abril de 2018, y comenzaron a cobrar “coercitivamente” a los a contribuyentes, quien no paga es acusado y amenazado con cárcel.
“La Alcaldía tenía que buscar una forma de conseguir dinero y una era comenzar a cobrar a los contribuyentes, entonces ellos encontraron una manera de lo que lo podían hacer… haciendo procesos judiciales que no son legales porque no constituyen delitos. Vino Fidel Moreno y aprovecharon al Poder Judicial para armar un aparato para poder cobrar de manera coercitiva dura a los contribuyentes, Erick Canales pasó a ser el director de recaudaciones de la Alcaldía de Managua. Se busca a este amigo de confianza de su infancia a Ricardo Ramírez McNally y montan el aparato para comenzar a cobrar. Ricardo McNally abre su bufete y hacen el proceso y tasan que de los impuestos el 25% les va a quedar a ellos, de ese 25% McNally le da el 15% a Erick Canales, lo cual supuestamente son para Fidel Moreno”, dijo la fuente judicial.
“Ricardo McNally es el que acusa, buen abogado no es muy hablantín, es muy tapudo, no es alguien que sobresale porque tenga conocimientos, ya se ha echado encima a mucha gente porque el tipo es muy áspero para hablar”, detalló.
“Ellos van al Poder Judicial y quien los atendía era Néstor Moncada Lau, ellos hablan para buscar a una juez de confianza para llevar todos los casos de la Alcaldía. Se supone que en el Poder Judicial hay una oficina que se llama ORDICE que vos llegás, metés una causa de demanda y hay un sistema ‘aleatorio’ que te puede ir a caer en el caso –de estos delitos como son ‘menos graves— en cualquiera de los ocho juzgados locales que hay, pero todos caen el Quinto Local Penal, solo en ese juzgado porque el sistema lo manipulan. Ellos hacen creer que el sistema es aleatorio y que le puede caer a cualquiera de los jueces, pero es mentira. Todos los casos se llevan en Juzgado Quinto Local Penal, no hay ni un solo proceso que no se lleve en ese juzgado”, apuntó.
El informante destacó que en ese juzgado, la titular era Josefa Vásquez Báez, quien antes fue judicial en Ciudad Sandino, “participaba políticamente en actividades del partido FSLN, su esposo pertenece al Ejército, y es sobrina de la diputada Gladys Báez”, anotó.
“A esta juez la premian y la mandan como magistrada del Tribunal de Apelaciones de Rivas y Granada, sin concurso y sin mérito porque para ser magistrado según la ley de carrera judicial, tenés que tener una carrera activa de juez local y luego de juez de distrito, y a ella la saltan de juez local a magistrada, es arbitrario también. Como ese espacio queda vacío necesitaban a un borrego que hiciera las cosas, se traen a una muchacha que es secretaria de un Juzgado Local Penal de Tipitapa, que se llama Ismara Rodríguez, se la traen y la ponen ahí para que ella conozca de las causas. Ismara no maneja nada del proceso penal, sus resoluciones dejan mucho qué desear, es abogada pero no sabe, entonces todos los procesos van a caer en ese juzgado”, continuó.
El abogado afirma que la orden es acusar directamente a los contribuyentes y la juez “tiene instrucciones precisas de Néstor Moncada Lau y de Fidel Moreno de fallar a favor de la Alcaldía, si no lo hace, la corren”, precisó.
Para el abogado, otra irregularidad es que la Alcaldía de Managua tiene un departamento de asesoría legal y abogados, pero en su lugar contrata al Bufete de Rojas y Ramírez para prestar un servicio profesional “con montos indeterminados, sin licitación. Ponen a McNally por la relación de amistad que tienen”, manifestó.
En el caso del abogado Ramón Rojas, el informante sostuvo que tiene “amarre con la Policía”, pues además de haber sido abogado de Ortega en el caso de Zoilamérica, cuando esta lo acusó de violación en 1998, también ha defendido a narcotraficantes, los casos más relevantes son el de Televisa en 2012, y Operación Sur en 2013.
“Al momento en que ellos agarran a los narcos, la Policía los recomienda a ellos como abogados”, señaló.
Por último, el abogado recomienda a los contribuyentes a hacer uso de los recursos correspondientes, de reposición, de revisión y apelación. Agotar las vías legales.