Aspirantes presidenciales declaran conjuntamente su rechazo a la propuesta orteguista de reforma electoral

Diez aspirantes a la Presidencia de Nicaragua por parte de los diferentes sectores de la oposición, firmaron este lunes una declaración conjunta en la que expresan su rechazo a la propuesta de reforma a la Ley Electoral presentada por el régimen de Daniel Ortega.

El pronunciamiento en conjunto está firmado por: Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, George Henríquez, Juan Sebastián Chamorro, Luis Fley, María Eugenia Alonzo, Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaurre.

“Los abajo suscritos, ante la evidente falta de voluntad política del gobierno, seguimos demandando reformas que realmente reestablezcan la confianza en el Sistema Electoral y garanticen la realización de elecciones libres, justas, competitivas, transparentes y observadas en noviembre de este año”, reza el documento.

“Asimismo, reiteramos nuestro compromiso con la salida cívica, democrática y pacífica a la actual crisis política, social y económica y demandamos al gobierno que cumpla con los acuerdos firmados en marzo 2019 y la resolución de la Asamblea General de la OEA de octubre 2020”, agregaron.

Los diez aspirantes presidenciales señalan que tienen “la obligación ante el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional de rechazar categóricamente estas propuestas y poner en evidencia las maniobras del gobierno y la manipulación que pretende hacer en contra de la administración transparente, libre e imparcial, del próximo proceso electoral”.

Los firmantes mencionaron las razones por las cuales rechazan la reforma electoral de Ortega:

a) Se pretende reformar por la ley electoral, la Constitución Política, estableciendo nuevas inhibiciones para aplicarse a los candidatos de la oposición que se postulan para optar a cargos de elección popular; en una flagrante violación constitucional.

b) Se pretende desconocer el mandato constitucional expreso de elegir magistrados electorales en consulta con las organizaciones civiles pertinentes.

c) Se mantiene el sistema electoral de control bipartidista excluyente en los organismos electorales.

d) Se elimina el concepto de observador electoral y se sustituye por uno más limitado como el de acompañantes.

e) Se mantiene el padrón activo y pasivo para limitar el ejercicio del sufragio de los ciudadanos.

f) Se faculta atípicamente a la Policía Nacional y no al CSE, para autorizar manifestaciones partidarias durante la campaña electoral, convirtiendo al presidente de la República, como Jefe Supremo de la Policía Nacional, en juez y parte de este proceso electoral.

g) Se amplía inconstitucionalmente la impugnabilidad de las resoluciones del CSE al extender la facultad del máximo órgano electoral de resolver sobre derechos, deberes y prerrogativas constitucionales de los ciudadanos y candidatos en materia electoral.

h) Se restringe el derecho a la verificación ciudadana masiva que es fundamental para depurar el Padrón Electoral.

i) No se establecen mecanismos para realizar una efectiva cedulación masiva.

j) Se legaliza la figura del Coordinador de Centro de Votación nombrándolo sin tener ningún criterio técnico-jurídico para su designación y asignación de competencias; formalizando el rol de un operador político partidario con amplias facultades logísticas y administrativas en el Centro de Votación.

k) Se institucionaliza un régimen represivo contra la oposición política al incorporarse en la legislación electoral leyes que violan la Constitución Política y derechos fundamentales de los nicaragüenses: Ley de Regulación de Agentes extranjero y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

Los diez aspirantes presidenciales también demandaron la liberación de todos los presos políticos, que se garantice en forma irrestricta la libertad de expresión, movilización y de prensa; la labor independiente de las organizaciones y defensores de derechos humanos; y el retorno seguro y de todas las personas en el exilio y se suspenda el Estado policial.

Esta sería la primera muestra de unidad de los diferentes aspirantes presidenciales en torno al tema de la reforma a la Ley Electoral de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre.

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