El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua publicó este viernes su último informe que reporta que el número de opositores encarcelados en el país por razones políticas, el que aumentó a 235 hasta la fecha 30 de noviembre de 2022.
“La cifra de personas presas políticas en Nicaragua aumenta a 235: 26 mujeres y 209 hombres (incluyendo 10 presos políticos capturados previo a 2018). Este mes se agregan 16 personas a la lista (10 de ellas aparecen como anónimas)”, indicó el informe.
La cifra de presos y presas políticas reportadas en el mes de septiembre del 2022 era de 219. El Mecanismo incluye en el total de este mes de noviembre a 16 personas (11 hombres y 5 mujeres) reconocidas como personas presas políticas quienes fueron capturadas entre el 1ro de octubre y el 30 de noviembre del presente año.
“Entre el 1ro y el 12 de noviembre se registraron 44 detenciones arbitrarias en el marco de la escalada represiva por las elecciones municipales a nivel nacional. 16 personas continúan en prisión de las cuales, la mayoría están siendo procesadas por supuestos delitos de conspiración a la patria”, detalla el informe.
Del total de 225 personas presas políticas del contexto de abril 2018, 140 se encuentran recluidas en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional, 59 en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como “El Chipote” en Managua. Adicionalmente 14 personas estás en delegaciones municipales de la policía y 12 en casa por cárcel.
El Mecanismo indicó que 79 personas presas políticas del contexto de 2018 se encuentran en celdas de reclusión diferenciada: 5 en aislamiento, 8 en celdas de castigo y 66 en máxima seguridad. Asimismo, 9 de los 10 presos políticos previo al contexto de 2018 se encuentran en celdas de máxima seguridad.
El listado de personas presas políticas en Nicaragua es construido por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogadas y abogados defensores de personas presas políticas, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales.
En el listado solamente se incluyen a las personas presas políticas de quienes se obtuvo autorización de sus familiares para su publicación.