En un comunicado conjunto, la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) y la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU) expresaron su rechazo enérgico a las “detenciones generalizadas” contra opositores en Nicaragua la noche del 3 de mayo y señalaron que esto representa “una escalada del terrorismo de Estado” por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Las detenciones, allanamientos, su ejecución nocturna, la presentación de los ahora acusados ante la autoridad judicial de madrugada y de espaldas a la opinión pública representa una escalada del terrorismo de Estado que perpetran Daniel Ortega y Rosario Murillo”, reza el comunicado de las organizaciones.
Para los firmantes el régimen pretende con estas “redadas generalizadas” infundir “miedo extremo en la población nicaragüense”.
“El nivel de perversidad con la que se ha ejecutado estas redadas busca silenciar absolutamente a cualquier resquicio de oposición en el país, conducta propia de los terrorismos de Estado: el uso de la autoridad y del territorio para amedrentar y callar”, advirtió.
Los opositores nicaragüenses que fueron detenidos ilegalmente anoche, fueron acusados la madrugada de este jueves de supuesta “conspiración y traición a la patria”, y luego les ordenaron “arresto domiciliario”, según confirman denuncias de familiares.
AUN, CALIDH y ASIDEHU también condenaron la violación de las normas del Código Procesal Penal que prohíbe los allanamientos por la noche, las detenciones injustificadas y la actividad judicial fuera de las horas hábiles, salvo excepciones que “no se verifican en ninguna de las más de 30 personas detenidas y las liberadas”.
“Por mucho que el Estado de Nicaragua quiera imprimir legalidad a sus actos arbitrarios, la finalidad amedrentadora de la población sólo continúa profundizando la ya inexistente imparcialidad del Poder Judicial y evidencia que es uno de los brazos visibles de la represión”, apuntaron.
Por último, los tres firmantes exigieron al régimen de Ortega la libertad de los aún detenidos y la revocación de las medidas cautelares arbitrarias de presentación periódica ante la autoridad judicial.
“En esta fase del terrorismo de Estado, las autoridades buscan que el territorio se convierta en una cárcel para los nicaragüenses, donde de forma antojadiza se imponga medidas judiciales que aparentan suavidad, pero que implican en realidad la difamación, la persecución y el aumento del riesgo de sufrir agresiones físicas y supresión de la vida por parte de los militantes progubernamentales ante el fanatismo descontrolado alentado abiertamente por discursos de odio y hostilidad de las más altas autoridades estatales”, concluye el documento.