De forma extraoficial se conoció que las juntas directivas de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), y de la Cámara de Microfinanzas (Asomif), se reunieron de emergencia luego que la reforma a “Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias”, entrara en vigor el martes pasado.
Según el medio digital Confidencial, ambas instituciones bancarias se reunieron para analizar el texto legal de la legislación, y decidir por separado, cómo reaccionarán ante esta nueva realidad.
La enmienda prohíbe a la banca privada cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa, lo que ha sido interpretado como una medida para neutralizar las sanciones económicas que Estados Unidos y otros países han impuesto a funcionarios orteguistas por corrupción o violación de los derechos humanos. Es decir, obliga a los bancos nicaragüenses a reabrir las cuentas a personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En el caso de Asomif, sus directivos decidieron esperar a que la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami) y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), publiquen las normativas reformadas, que son las que permiten aplicar la Ley, debido a que esta institución no capta depósitos del público y las empresas que integran esta cámara no corren el riesgo inmediato que sí corren los bancos, pero sí podrían verse afectadas a mediano plazo.
“Los bancos tienen que recurrir, pero no por inconstitucionalidad, sino de amparo, porque es lo que toca cuando una ley te afecta, y en este caso, los bancos están siendo agredidos jurídicamente. Están sufriendo una agresión directa”, dijo a Confidencial un abogado que trabaja para la banca nacional que pidió anonimato.
Al presentar el amparo, el Tribunal de Apelaciones puede mandar a suspender la ejecución de la Ley, aunque eso depende de dónde quede radicado el recurso: en la Sala 1 “hay gente más independiente, donde sí habría alguna posibilidad de que fallaran conforme a Derecho, pero lo más probable es que caiga en la Sala 2, a cargo de Gerardo Rodríguez, que es donde radica normalmente este tipo de casos”, dijo el letrado.
Según el abogado “hasta ahora, el Tribunal siempre ha fallado a favor de los bancos, pero como este caso es político, lo más probable es que lo acepte y lo envíe a Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para su resolución, y de ahí a la Sala Plena, para su aplicación. Solo queda esperar que funcione la separación de poderes, y que los jueces muestren que son independientes, o tengan algún tipo de decencia”.
El jurista opinó que si un sancionado o uno de sus familiares se acerca a tratar de abrir una cuenta antes que la CSJ resuelva, la opción que le queda a los bancos es… acudir ante la justicia.
“Esta Ley le quita al banco la facultad de cancelar las cuentas por sí y ante sí, que emana del derecho a la libre empresa y a la libre contratación, que está instituido en la Ley General de Bancos. Ahora trasladan a los jueces la capacidad de cerrar la cuenta, pero los bancos podrán solicitar al juez que los autorice a hacerlo, alegando razones de seguridad”, razonó.
Es cierto que el sancionado podrá recurrir ante la Superintendencia de Bancos, y el Banco Central de Nicaragua (BCN), pero estas son entidades que están dentro del terreno del derecho administrativo. Aunque el abogado descarta que el régimen se atreva a cerrar algún banco, reconoce que sí puede multarlos.
Confidencial también entrevistó a un ejecutivo de una empresa de microfinanzas quien también pidió mantener su nombre en reserva. Él enumeró algunos de los daños que sufrirían la banca y la economía nacional, en caso que los bancos perdieran sus corresponsales en Estados Unidos, si alguno cediera ante las imposiciones del régimen, y abriera una cuenta a un sancionado.
“Si un banco pierde su corresponsalía, eso no pone en riesgo el dinero de los depositantes”, pero sí a los exportadores que usan los bancos para manejar su cartera de crédito y recibir su dinero; a los importadores para transferir el pago por lo que recibieron; o incluso, a las empresas de microfinanzas que reciben recursos de fondeadores externos.
El riesgo en este caso, es que les quiten los recursos, o que eleven el precio al que les prestan el dinero a ellos, porque “los acreedores internacionales se rigen por las mejores prácticas en cuanto a lavado de dinero y transparencia, y eso está en los contratos”, dijo relatando que los fondeadores ya los llamando para preguntar cómo los afectará la aprobación de esta ley.
Las entidades locales de microfinanzas trabajan con recursos europeos y multilaterales que se rigen por las normas de lavado de dinero. “Si se sanciona a algún banco en Nicaragua, algunos fondeadores podrían seguir disminuyendo los fondos que nos prestan para colocarlos entre nuestros clientes nacionales”, aclaró.
En referencia a la posibilidad de un aumento en las tasas de interés a las que consiguen los recursos, la fuente mencionó que cuando bajaron las tasas de referencia (la Libor y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos), “las nuestras debieron haber bajado, pero nos las mantienen igual que antes, por el riesgo país”.
*Con información de Confidencial