La activista Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, uno de los siete candidatos presidenciales opositores presos en Nicaragua, se planteó este lunes si la comunidad internacional legitimará una nueva reelección de Daniel Ortega o actuará para evitar que la democracia muera en su país.
En una entrevista con la agencia Efe en el contexto del Oslo Freedom Forum, que hoy y mañana se celebra en Miami Beach, la activista subrayó que no es acertado decir que la comunidad internacional “no hace nada por Nicaragua”, pero sí que la respuesta hasta ahora ha sido tardía e insuficiente.
Valle sostiene que se necesita “una acción coordinada bilateral y multilateral entre países que quieren defender la democracia en Nicaragua y salvaguardar los derechos humanos”.
En vez de acciones de Estados Unidos, la Unión Europea o el sistema interamericano por separado, se necesitan acciones coordinadas, en conjunto con la sociedad civil nicaragüense y usando todos los mecanismos disponibles, agrega.
La activista recuerda que tres años después de unas protestas contra el régimen en las que “más de 330 personas fueron asesinadas por el régimen, miles encarceladas y miles heridas”, Nicaragua está abocada a unas elecciones diseñadas para dar a Daniel Ortega una tercera reelección consecutiva.
EN BUSCA Y CAPTURA POR ABOGAR POR LOS PRESOS POLÍTICOS
Exiliada en Miami junto a su hija de 8 años y su suegra desde 2018, Valle está acusada de “traición a la patria” por denunciar los atropellos de la dictadura de Daniel Ortega.
Desde fines de agosto pasado no sabe nada de su esposo, que está incomunicado como otros de los más de 140 presos políticos que hay en el país, subraya la activista.
“Definitivamente, no”, responde cuando se le pregunta si Ortega ganaría las elecciones de noviembre si las elecciones fueran libres, transparentes y con candidatos opositores.
A su juicio, si los que podrían disputarle el poder están presos es precisamente porque Ortega no tendría chance de ganar en unas elecciones democráticas.
“En 2018 fue evidente que la gran mayoría de los nicaragüenses dijeron que no querían seguir bajo este régimen que está violentando sus derechos, que comete asesinatos extrajudiciales, que muestra una gran corrupción y está instituyendo una dinastía”, subrayó.
HAY QUE PONER LÍMITES
El esposo de Valle fue un líder cívico en esas protestas. Salió del país tras haber sufrido golpizas y detención, pero regresó por su compromiso con la causa de la democracia en Nicaragua, recordó.
Berta Valle y el exilio en general están ahora alzando la voz desde fuera del país para que la comunidad internacional “se acerque” a Ortega para reclamarle la liberación de todos los presos políticos, incluidos los candidatos presidenciales.
Cuando se le pregunta si ese acercarse significa negociar con Ortega, Valle subraya: “Estoy hablando de poner límites, de tomar acciones”.
A su juicio, lo que los nicaragüenses quieren es “una transición a la democracia a través de la vía electoral, pero el régimen ha hecho que eso sea imposible” y por eso la oposición ha planteado un “paro electoral” o, lo que es lo mismo, la abstención.
“El régimen de Ortega ha demostrado no tener clemencia, un control absoluto de las instituciones, del Ejército y de la Policía, y prácticamente los presos políticos son sus rehenes”, agregó.
Valle destacó la incertidumbre que reina en las familias de los presos políticos, pues Ortega y Rosario Murilo, son “impredecibles”.
“No tenemos ningún tipo de noción de cuándo podrían ser liberados, ni de cuál sería el mecanismo para lograr la liberación de ellos, lo que sí esperamos que sus vidas sean respetadas”, dice.
Y agrega: “Están sufriendo violaciones en sus derechos, torturas psicológicas y físicas, han perdido muchísimo peso y hay algunos prisioneros de mayor edad que tienen condiciones preexistentes y estamos muy preocupados por sus vidas”.
En el caso de su esposo, no han tenido acceso a él ni sus abogados. Solo pudo verlo una hermana el 31 de agosto pasado durante 20 minutos en una “fe de vida”, relató Valle.
“Y si hablamos del proceso judicial, estamos viendo una absoluta arbitrariedad en el uso del sistema judicial, violando nuestra Constitución, nuestras leyes y el derecho internacional”.
Cuando se le pregunta si tienen efecto en Ortega los pronunciamientos y acciones del exterior, Valle dice que ni siquiera ha respondido a las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cinco de los siete candidatos presos.
La experiencia en la región -subraya Valle- “nos dice que lo que más les duele son las sanciones económicas, pues el régimen controla o es socio de prácticamente todo el entramado empresarial del país”.
“La dictadura de Daniel Ortega se convirtió en un negocio”, subraya Valle, quien se pregunta cómo es posible que el Fondo Monetario Internacional le concediera hace unos meses un préstamo de más de 100 millones de dólares al régimen.
“La gran pregunta es si quieren seguir oxigenando al régimen y qué tienen que decir los países socios del Fondo, como Estados Unidos”, dice Berta Valle.