Una jornada de protesta, con denuncias de asedio policial, se vivió este lunes en Bluefields, Región Autónoma del Caribe Sur (RACS) de Nicaragua debido a la negativa del régimen orteguista de permitir el regreso de unos 500 ciudadanos, en su mayoría marineros afrodescendientes que se encuentran varados en otros países en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Familiares de los varados se plantaron frente a la sede de la alcaldía de Bluefields, para exigir el permiso de repatriación, hasta lograr la promesa de las autoridades sobre una posible revisión el próximo lunes.
“Estamos haciendo una protesta justa, no solamente por lo que están embarcados, sino también por los que están en Gran Caimán, Panamá, Honduras, Guatemala, y todos los nicaragüenses que tienen derecho a entrar a su país”, dijo una portavoz de los manifestantes, durante el plantón.
La manifestación pretendía incluir a líderes opositores que estuvieron al frente de las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 en la costa Caribe nicaragüense, pero, según sus denuncias, la Policía Orteguista se desplazó desde tempranas horas a sus viviendas para impedir que salieran a la calle.
“Miss Nora Newball, miss Donele Miller y mi persona hemos sido críticos del Gobierno, entonces los policías vinieron hoy en la mañana para asegurarse de que no participáramos en el plantón. Con nuestra Autonomía Regional podríamos autorizar el regreso de nuestra gente, pero desde que el partido sandinista tomó el poder (en 2007) se ha adueñado de nuestras instituciones y no respeta la autonomía”, dijo a la agencia Efe el líder disidente George Enríquez.
DENUNCIAS DE ASEDIO POLICIAL
También denunciaron hostigamiento y asedio policial las defensoras de los derechos humanos en el Caribe Jennifer Brown y Kalua Salazar, el líder disidente Jefrey Jarquín, y el periodista Carlos Eddy Monterrey.
“Nos están asediando por decir la verdad. Nos tendrán que encarcelar, nos tendrán que matar, pero no nos van a callar. Nunca van a matar la verdad”, señaló Monterrey, desde la radio La Costeñísima.
Algunos de los denunciantes cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para no ser víctimas de intimidación, “pero el Gobierno nunca ha respetado eso”, sostuvo Enríquez.
El pasado viernes, la CIDH afirmó que el régimen de Daniel Ortega impide el retorno a Nicaragua de unos 500 nacionales, quienes se encuentran varados en países vecinos de Centroamérica y del Caribe, algunos de los cuales llevan tres meses viviendo de la caridad, según los afectados.
*Fotos: Noticias de Bluefields