Brasil pide a Ortega liberar presos políticos y aceptar inspectores de la ONU en Nicaragua
El gobierno de Brasil se sumó a una iniciativa de países que cuestionan ante la ONU las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, según informa este lunes el medio brasileño UOL.
Destacó que la adhesión se produce en medio de críticas de organizaciones de derechos humanos y disidentes del país centroamericano, frustrados con la postura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Pero que en la ONU, el mandatario decidió sumarse al grupo conformado por Canadá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Chile. El bloque solicita a Ortega que libere a los presos políticos y acepte el equipo de inspectores de la Comisión de Encuesta, creada en la ONU, para investigar los crímenes cometidos por el régimen.
El gobierno brasileño insiste en que es necesario mantener canales de comunicación con Ortega, pero este ha sido presionado por la ONU para que explique cómo esa postura se ha traducido en acciones concretas.
Los disidentes nicaragüenses, en conversaciones con UOL bajo condición de anonimato, aplaudieron la presencia de Brasil en el grupo. Pero argumentan que Lula, debido a su influencia, podría actuar con más fuerza para presionar a Ortega para que abandone la represión.
“Desde el inicio de la crisis en Nicaragua, las autoridades nicaragüenses han cerrado más de 3.372 organizaciones de la sociedad civil, incluidos todos los medios de comunicación independientes y el espacio cívico”, denuncian los países, en un documento conjunto presentado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Otra advertencia se refiere a la decisión de Ortega de retirar la nacionalidad a los disidentes. “La gente salió masivamente del país en busca de asilo. En marzo pasado condenamos la revocación arbitraria de la nacionalidad de más de 300 nicaragüenses considerados opositores al gobierno”, afirmó.
Sin embargo, según el grupo, la situación es aún peor. “Ahora Nicaragua intensifica su represión contra la Iglesia católica, con la detención y condena del obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos, a más de 26 años de prisión tras su negativa a exiliarse”, declararon.
Otra preocupación se refiere al sector educativo. “El cierre y confiscación de bienes de la orden religiosa jesuita y de la Universidad de Centroamérica eleva a 27 el número de universidades cerradas”, afirman.
El llamado de Brasil y otros países, sin embargo, es para que Ortega acepte cooperar y permita la entrada de relatores de la ONU que investigarán la situación.
“Hacemos un llamado a las autoridades a iniciar la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos, a permitirles el acceso para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos y a renovar el diálogo con la Oficina del Alto Comisionado y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, afirman. .
“Alentamos a la ONU y a las instituciones financieras internacionales a intensificar los esfuerzos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los fondos proporcionados a las autoridades del gobierno de Nicaragua, asegurando que ayuden a las personas más vulnerables”, afirman.
