El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), presentó ayer ante la justicia argentina una denuncia contra altos funcionarios nicaragüenses –entre ellos el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo— por delitos de lesa humanidad perpetrados en Nicaragua desde 2018.
“El día dos de noviembre del corriente, el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) ha presentado una denuncia ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial de la Nación Argentina, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la comisión de delitos de lesa humanidad en arreglo con la Ley 26.200 ‘Ley de Implementación del Estatuto de Roma’ y el artículo 118 de la Constitución Nacional”, reza un comunicado de CALIDH, una organización civil sin fines de lucro, fundada en Argentina por el abogado nicaragüense Danny Ramírez Ayérdiz.
La denuncia es en contra de “Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua; Rosario Murillo, vicepresidenta de la República; Francisco Diaz, Primer Comisionado y Director de la Policía Nacional; Ramón Avellán, Comisionado y Subdirector de la Policía Nacional; Néstor Moncada Lau, asesor presidencial para las políticas de seguridad; Sonia Castro, exministra de Salud de Nicaragua; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua; Ramona Rodríguez, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua; Alba Luz Ramos Vanegas, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia”, precisó CALIDH, que además brinda asesoría y acompañamiento legal a las personas que buscan justicia internacional cuando en sus países son ignorados.
CALIDH considera que estos funcionarios “son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, pues cometieron los delitos de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas, entre otras”.
Explicó que la Ley 26.200 permite la aplicación de la jurisdicción universal para los delitos de lesa humanidad, por lo que espera que el Juez Federal y el Fiscal Nacional a cargo de la causa principal, puedan continuar con el proceso hasta la emisión de una sentencia”.
CALIDH busca que la justicia argentina establezca la responsabilidad penal y sanciones contra los denunciados; contribuya, junto con otras iniciativas de justicia en curso, al derecho de memoria, verdad y reparación de las víctimas y sus familiares y favorezca que los países democráticos del mundo abran procesos similares contra los responsables de estos delitos.
Junto con la denuncia, la organización adjuntó cuatro informes que ha presentado ante distintos órganos de vigilancia de tratados de Naciones Unidas y relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que expresa su “profunda preocupación por la situación de los derechos civiles y políticos, derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes y de la libertad de asociación en el marco de la crisis sociopolítica en Nicaragua”.
Adicionalmente, CALIDH presentó a la autoridad judicial argentina un resumen de los casos que actualmente lleva ante la CIDH, en los que las personas representadas son víctimas de los delitos denunciados.
La organización se comprometió a “aportar un grano de arena en el proceso de restablecimiento de la democracia y la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua, así como con la demanda de memoria, verdad, justicia y reparación de las víctimas y familiares del acelerado retroceso de derechos humanos que vive el país centroamericano”.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
Cabe recordar que la Justicia argentina inició en octubre pasado una investigación penal contra el dictador Daniel Ortega y autoridades del régimen de Nicaragua para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad.
La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Pirota contra Ortega, Rosario Murillo, y todos aquellos funcionarios que integren el aparato represivo que persiguió a disidentes políticos, especialmente desde abril de 2018.
La justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de jurisdicción universal, y los compromisos internacionales asumidos por Argentina que “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado (conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional)”.