CALIDH denunciará el estado de Laicidad y libertad religiosa en Nicaragua

El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), informó este martes que presentará ante diferentes organizaciones internacionales un informe sobre el estado de la Laicidad y la libertad religiosa en Nicaragua.

Denunciaremos el uso de recursos públicos en simbología, actos y eventos que contradicen la laicidad constitucional y por otro, los ataques a la iglesia y otras confesiones”, escribió en su cuenta de Twitter el abogado nicaragüense Danny Ramírez Ayérdiz, fundador de CALIDH en Argentina (2020).

Ramírez Ayérdiz, indicó a La Mesa Redonda que la presentación del informe será en el primer trimestre de 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos,  el Vaticano, la Asociación Internacional y para la Libertad religiosa, y al Consejo Mundial de Iglesias.

Explicó que se trata de un informe donde “partimos de nuestra profunda preocupación porque el Estado de Nicaragua no puede garantizar la libertad religiosa y en ese sentido denunciar las intervenciones abusivas del Estado contra la Iglesia católica”. 

Estamos preocupados por la persecución, la criminalización, condena, desplazamientos forzados, difamación y amenazas contra la jerarquía católica, el clero y las órdenes religiosas. Las interferencias abusivas en los grupos religiosos no son admisibles en el derecho internacional bajo ninguna circunstancia y tenemos plena certeza y suficientes elementos para afirmar que existe un plan sistemático de persecución contra la Iglesia católica, una conducta sancionada por el derecho penal internacional como crimen de lesa humanidad”, declaró el abogado a La Mesa Redonda.

LAICIDAD DEL ESTADO

Ramírez Ayérdiz, denunciará el estado de cumplimiento de la laicidad del Estado establecida en el artículo 14 de la constitución, que establece que “El Estado no tiene religión oficial”.

La laicidad implica de forma general no sólo que el Estado no adopte ni prefiera ninguna confesión ni rito religioso, sino a respetar la existencia organizada de estos y el ejercicio por parte de la sociedad que así lo quiera. De las violaciones a la obligación de la laicidad constitucional nos preocupa que el Estado destine recursos públicos a sostener simbología que se confunde y se mezcla con los símbolos del Estado que son laicos y no religiosos”, apuntó.

Adicionalmente, —agregó— “nos preocupa que el Estado destine fondos para la celebración de fiestas del rito católico como La Purísima, como una forma de monopolizar y disputando la legitimidad de estas fiestas con la jerarquía católica, lo que provoca una inmensa polaridad social”.

Para Ramírez Ayérdiz, el dictador Daniel Ortega como “jefe de Estado” “debe abstenerse de realizar o emitir cualquier tipo de opinión respecto de la jerarquía de la Iglesia Católica o de cualquier otra confesión, porque representan intromisiones abusivas en el ejercicio de la libertad religiosa”, en referencia a las declaraciones de Ortega el pasado 19 de diciembre en las que admitió que “nunca le tuvo respeto a los obispos”.

La laicidad constitucional obliga a las autoridades estatales a no pronunciarse sobre las calidades morales o espirituales de los ministros religiosos. Sin embargo, el discurso y la práctica estatales hace mucho que traspasó estos límites y hoy tenemos los casos de criminalización y hostigamientos que son de público conocimiento”, apostilló.

HOSTIGAMIENTOS A LÍDERES DE IGLESIAS EVANGÉLICAS

CALIDH también sostuvo que ha recibido información sobre la “detención y hostigamientos de ministros de otros ritos como de las Iglesias evangélicas”, sobre todo en zonas alejadas de las grandes ciudades.

Hasta ahora tenemos información de más de 20 pastores y otros líderes hostigados, incluso miembros de Iglesias evangélicas que participaron en las protestas y nos han informado que tuvieron que exiliarse”, aseveró el abogado.

Asimismo, añadió sobre “casos de hostigamientos a profesores católicos por las delegaciones del Ministerio de Educación para que permitan instrucción Política en el alumnado”.

Y como estos se han negado, hemos documentado varios casos de profesores rurales que huyeron. Incluso hemos sido informados que agentes parapoliciales han secuestrado y torturado a maestros rurales católicos, como una forma de hostigar al clero local y amedrentar a la comunidad de fieles de estos lugares lejanos de las grandes ciudades”, reveló Ramírez Ayérdiz.

El abogado subrayó que el informe contendrá “otras situaciones de contexto e incluirá una lista de peticiones a estas entidades, para que actúen a favor de la libertad religiosa en Nicaragua”.

El fundador de CALIDH adelantó que también presentará el Informe Anual 2022 sobre la situación de Derechos Humanos en Nicaragua, a finales de enero de 2023.

Nos centraremos, sobre la base de información que hemos documentado, en el acelerado retroceso de los derechos humanos en este país, especialmente en aquellos grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres, la población LGBTIQA, las niñez y adolescencia, las y los presos políticos, los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes”, concluyó.

*Foto cortesía

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