Destacados / Nacionales · 27/11/2023

CALIDH: Dictadura utilizó y perfeccionó un “mecanismo de destrucción de las universidades”

El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) presentó este lunes 27 de noviembre su informe “Disolución de universidades nicaragüenses y violaciones de derechos humanos”, el cual registra que 30 universidades fueron canceladas arbitrariamente por la Asamblea Nacional o por el Ministerio de Gobernación (MIGOB), ambas instituciones controladas por el orteguismo. 

CALIDH reiteró su condena contra la confiscación de las entidades de educación superior perpetradas por el Estado de Nicaragua. “La destrucción de estos espacios, los últimos donde se podía ejercer la libertad de expresión y pensamiento, es una de las tantas formas por las cuales el Estado nicaragüense pretende uniformar e imponer a la sociedad su discurso controvertido de país en paz”, señaló.

El organismo argentino, fundado por el abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz, indicó que el informe revela “descarnadamente cómo la represión estatal contra este sector es profunda, intensa y en cuanto a violaciones de derechos humanos, múltiples y simultáneas”.

Y que se trata del informe “más complejo de poder escribir por los tantos aspectos perversos que se desprenden de esta disolución masiva”, y que recoge testimonios y denuncias de exdocentes, estudiantes y trabajadores de universidades públicas y confiscadas.

CALIDH pudo construir cómo el Estado arrinconó a las universidades y en general a las asociaciones civiles a través de dos vías: mediante la criminalización, en leyes represivas que impusieron obligaciones desmesuradas; y por otro, la consecuente supervigilancia del Ministerio de Gobernación y más tarde del Consejo Nacional de Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación”, apunta el documento.

El Centro mencionó que el régimen de Daniel Ortega utilizó un “mecanismo de destrucción de las universidades, en términos de maldad”, que “fueron perfeccionando”. Y es así que este “se asoció ilícitamente en un engranaje en el que cada funcionario cumplía una función perfecta en esa armazón de destrucción”.

En ese sentido, detalla que “Daniel Ortega y Rosario Murillo, furibundos contra las universidades, ordenaron a Gustavo Porras decretar la cancelación de las primeras universidades y después esta tarea ilegal la asumió la ministra de gobernación, María Coronel Kinloch”.

Mientras Gustavo Porras continuaba “perfeccionando el mecanismo ‘jurídico’ para sustentar las cancelaciones que perpetraba Coronel”. Simultáneamente, Ramona Rodríguez y, poco después, Maribel Duriez, desde el Consejo Nacional de Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación respectivamente, “enviaban ‘recomendaciones y justificaciones’ para solicitar la disolución de las almas máter”.

Ramona Rodríguez y Wendy Morales, esta última procuradora general de la república e investida para ‘trasladar los bienes al Estado’ consumaban la confiscación inconstitucional de los patrimonios universitarios”, reza el informe.

Por su lado, Francisco Díaz, consuegro de Ortega y director de la Policía “proveía la fuerza irracional y las camionetas llenas de policías para hostigar a los directivos, profesores y estudiantes de las universidades disueltas”.

Añade que, “Ramona Rodríguez consumaba la intervención nombrando autoridades ilegales en las universidades confiscadas”, y “Alba Luz Ramos, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, se encargó de negar la protección judicial a las universidades y de someter a juicios arbitrarios a estudiantes que provenían de estas universidades”.

De esta forma funcionó este esquema perverso de represión desde la supuesta legalidad y de actos materiales perpetrados por todos estos funcionarios”, recalcó CALIDH.

FUNCIONARIOS SON RESPONSABLES DEL CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

CALIDH recordó que el Estado de Nicaragua “es responsable de crímenes de lesa humanidad” y que “todos los funcionarios son responsables del crimen de lesa humanidad de persecución política por las dimensiones, sistematicidad y continuidad del ataque, además por los derechos fundamentales violados y que no lo pueden ser en arreglo con el Derecho Internacional, como la libertad de asociación, reunión, debido proceso, pensamiento y expresión”.

Además, el Centro denunció el uso de las “herramientas de coerción contra la población al margen de la ley y con la finalidad de producir miedo, pánico y temor generalizados”.

Con el cierre de estas universidades, el Estado buscó, como en otros ataques contra sectores como la Iglesia, doblegar la moralidad de los nicaragüenses y producir en ellos que el dolor y el sufrimiento”, criticó.

CALIDH determina que “el patrón de censura, castigo y venganza ordenado por Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las universidades y sus miembros constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política” de los que son responsables: María Coronel Kinloch, ministra de gobernación; Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Wendy Morales, procuradora general de la república; Maribel Duriez, presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación; Alba Luz Ramos, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Díaz, director de la Policía.

También son responsables los rectores, vicerrectores y secretarios generales impuestos por el CNU.

Adicionalmente, CALIDH identifica que estos funcionarios han perpetrado al menos veintiún delitos contenidos en el Código Penal.

En cuanto a las violaciones de derechos humanos enumera: la libertad de asociación, el debido proceso, la propiedad privada, la educación superior y libertad de expresión, la libertad académica y la no discriminación.

REPARACIONES A LAS UNIVERSIDADES Y SUS COMUNIDADES

Por último, CALIDH menciona una serie de recomendaciones acerca de las reparaciones a las universidades y sus comunidades como: Medidas de recuperación de la autonomía universitaria constitucional, derogación de la Ley 89 y su reforma la Ley 1114, que la nueva ley de autonomía debe garantizar el establecimiento de medidas y programas para el respeto de los derechos humanos de trabajadores y estudiantes, y que incluya reglamentos académicos y de trabajo ajustados a la ley y los tratados internacionales que garanticen el debido proceso.

También disolver el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) “por ser parte del mecanismo de represión contra las universidades disueltas, intervenidas, intervenidas y confiscadas”.

Disolver mediante una ley para la reforma política a todas las organizaciones que contribuyeron a la erosión de la autonomía, como la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, responsable, además, de persecución, hostigamientos y vigilancia contra estudiantes, docentes y trabajadores de las universidades confiscadas”, apunta.

Por otro, lado debe haber “reparaciones económicas e indemnizatorias” a los representantes legales de las universidades por los daños morales y económicos a determinar sobre la base de la Ley de Memoria Histórica que aprobará el Poder Legislativo.

Asimismo, recomienda “disolver a UNEN a perpetuidad por cuanto sus estructuras, directivos y diversos miembros ejecutaron o contribuyeron a la ejecución de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad desde el 18 de abril de 2018”.

CALIDH afirma que “la cancelación de una universidad no es un acontecimiento común y conmociona a sus miembros y a la población en general, que ven cómo estos últimos espacios de libertad de expresión se van destruyendo y por tanto, la sensación de desamparo se profundiza”.