El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), condenó la imposición de la “pena infamante” de inhabilitación perpetua de ejercicio de derechos ciudadanos o muerte civil en Nicaragua a cuatro sacerdotes católicos, dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa.
Al respecto, CALIDH sostuvo que la “inhabilitación perpetua para el ejercicio de los derechos políticos no existe en la legislación nicaragüense”.
El organismo expresó su “preocupación ante la nueva modalidad de vulneraciones a los derechos de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua”, y advirtió a la comunidad internacional que esta nueva modalidad “constituye una grave violación no solamente de la garantía de una sentencia justa, imparcial y motivada en base a derecho, sino también al principio de legalidad” pues la figura de “inhabilitación perpetua para el ejercicio de los derechos políticos no existe en la legislación nicaragüense y es contraria al espíritu de la Constitución Política de la República de Nicaragua y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
La Justicia orteguista ha inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular a al menos 14 personas, entre ellos cuatro sacerdotes católicos y a opositores.
CALIDH explicó que los derechos ciudadanos que estarían siendo objeto de inhabilitación perpetua “son los estipulados en la sección de derechos políticos de la Constitución (artículos 47 al 55), dentro de los que se encuentran, además del derecho a elegir y ser elegido para cargos públicos, los derechos a la libertad de expresión, derecho a la reunión, derecho a la asociación, entre otros”.
El organismo observa que “estas penas accesorias constituirían una muerte civil para las personas condenadas y que se extenderían a un tiempo posterior incluso al cumplimiento de la condena, lo cual resulta inaceptable”.
El Centro agregó que con esta práctica de ampliar sentencias para adicionar nuevas penas, y la imposición de penas accesorias que superan a la principal de prisión -en Nicaragua ninguna pena accesoria puede superar conjuntamente a la principal- “puedan convertirse en un nuevo patrón de ataques contra las personas privadas de libertad por motivos políticos ya condenadas”.
“Desde CALIDH condenamos esta distorsión sin precedentes de la ley penal en Nicaragua y el enorme retroceso de que implica la imposición de la muerte civil ya superada como pena infamante hace mucho tiempo y que recuerda a los momentos de arbitrariedad más terribles de la historia del país durante el sistema inquisitivo aplicado por el Estado o la Colonia. Hacemos un llamado urgente al Estado de Nicaragua a abandonar esta práctica y a retomar el espíritu humanitario de la ley penal, procediendo a la liberación de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos”, concluyó.