El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), informó este viernes que presentará ante la Justicia federal argentina, una denuncia específica por crímenes de lesa humanidad perpetrados desde hace varios años contra las comunidades y pueblos indígenas en el Caribe Norte de Nicaragua.
CALIDH, una organización que nació en Argentina en 2020, fundada por el abogado nicaragüense Danny Ramírez Ayérdiz, y que brinda asesoría y acompañamiento legal a las personas que buscan justicia internacional cuando en sus países son ignorados, explicó que “considera que se han perpetrado delitos de lesa humanidad específicos contra los pueblos y comunidades del Caribe Norte de Nicaragua” y estima que “hay suficientes elementos y pruebas para establecer responsabilidades específicas a los altos funcionarios del Estado y de las entidades regionales de autogobierno por el ataque sistemático contra los comunitarios”.
“Interpondremos una nueva denuncia ante el Juzgado Cuarto en lo Penal y Correccional de la Justicia Federal Argentina para que conozca, sobre la base de la justicia universal, estos delitos de lesa humanidad contra las pueblos y comunidades indígenas que se agravaron con los delitos enmarcados en la crisis sociopolítica de 2018”, reza el comunicado de CALIDH.
El objetivo es que se investigue los hechos presentados, se establezca a los responsables y se les sancione conforme a la Ley 26.200 “Ley de Aplicación del Estatuto de Roma”, que habilita a la jurisdicción argentina de conocer cualquier delito contra la humanidad cometido en cualquier país, incluido Nicaragua.
Hace unos días CALIDH expresó su rechazo por la violencia estatal contra los miembros pertenecientes al partido indígena YATAMA.
El Centro observa que, “con la participación del Estado o su complicidad, según hechos de conocimiento público e información que ha sido suministrada a CALIDH que las quemas de comunidades, las incursiones del ejército para imponer terror entre los comunitarios, las agresiones sexuales de niñas, mujeres y adolescentes incluidas violaciones, los asesinatos y las desapariciones forzadas, por su sistematicidad, constituyen por sí delitos de lesa humanidad”.
CALIDH expresó “preocupación especial” por la “práctica del Estado de trasladar poblaciones no indígenas a territorios comunales como una forma de ocupación, desterritorialización y desplazamiento forzado de los pueblos y comunidades, tenedores legítimos de estas tierras, derechos previos, anteriores y superiores al Estado nicaragüense”.
También le preocupa “el debilitamiento del régimen especial de autogobierno establecido por la Constitución de 1987 y el Estatuto de Autonomía”.
En ese sentido, indicó que “la instrumentalización partidaria de las autoridades autonómicas, anula el carácter multiétnico que la Constitución y el Estatuto quisieron establecer en el Caribe como expresión operativa y democrática de la participación de las etnias, incluidos los pueblos y comunidades indígenas, en la gestión de los asuntos públicos y en el desarrollo de la región”.
Cabe destacar que a principios de este mes, CALIDH presentó ante la justicia argentina una denuncia contra altos funcionarios nicaragüenses –entre ellos el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo— por delitos de lesa humanidad perpetrados en Nicaragua desde 2018.
CALIDH considera que estos funcionarios “son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, pues cometieron los delitos de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas, entre otras”.