Destacados / Nacionales · 27/04/2023

CALIDH rechaza que “la cárcel se use para castigar a ciertos sectores opositores” en Nicaragua

La Asamblea General del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH), se solidarizó este jueves con presos y excarcelados políticos de Nicaraguay rechazó que “la cárcel se use para castigar a ciertos sectores opositores” en el país.

En una declaración, el organismo argentino fundado por el abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz, manifestó su “profunda solidaridad con todos los presos y excarcelados políticos que han permanecido en las mazmorras del Estado de Nicaragua”.

Los abrazamos en sus anhelos de libertad personal y para Nicaragua. Nos solidarizamos con sus familiares, con los que día a día sufren por el encierro y por los que acompañan a los excarcelados en las terribles consecuencias de las detenciones y condenas arbitrarias”, agregó.

El organismo también condenó “la conducta constitutiva de crimen de lesa humanidad de detención arbitraria” que ha ejercido el régimen Ortega-Murillo como forma de represión contra las voces opositoras y disidentes.

No existe ninguna justificación para el encierro que han enfrentado miles de ciudadanos en las cárceles del régimen como parte del patrón de censura, castigo y venganza del supuesto intento de golpe de Estado y en nombre de la controvertida conservación de la paz, en una sociedad que sufre terrorismo de Estado”, criticó.

CALIDH rechazó las torturas y tratos crueles e inhumanos a los que se han sometido a los actuales presos políticos y los ahora excarcelados por parte del personal penitenciario y policial.

También que “la cárcel se use para castigar a ciertos sectores opositores o que representan un supuesto riesgo contra la política de censura del Estado de Nicaragua”.

Los anhelos de libertad no se encierran en calabozos mediante la detención de los pobladores, los comunitarios indígenas y los campesinos”, apuntó.

MUERTES DE PRESOS POLÍTICOS O EXCARCELADOS DEBEN SER ESCLARECIDOS

El organismo lamentó las muertes de presos políticos que se han producido en la cárcel “a manos, bajo la custodia de los agentes penitenciarios o tras su liberación”, como en los casos de Eddy Montes, Hugo Torres y Sexy Carolina.

Las muertes de los presos políticos o excarcelados tras su liberación deben ser esclarecidos, detenidos, juzgados y condenados sus responsables. Las familias de los que han muerto en la cárcel o tras su liberación deben ser indemnizadas y reparadas integralmente por el Estado”, señaló.

Asimismo, CALIDH condenó las condiciones de aislamiento en las que se encuentran muchos presos políticos sin ninguna razón como monseñor Rolando Álvarez Lagos, Jaime Navarrete y Fanor Alejandro Ramos.

El aislamiento es una forma de tortura y la incomunicación con sus familias las transforma en víctimas directas de los atropellos estatales”, reza el comunicado.

CALIDH reiteró la demanda por la “verdad, justicia, memoria y reparación” hacia los excarcelados políticos, los actuales presos políticos y sus familiares.

Una justicia sin amnistías, ni olvidos para enfrentar el gigantesco legado de violencia que se heredará del actual terrorismo de Estado”, dijo.

Agregó que acompaña a los excarcelados políticos y a los familiares de actuales de presos políticos en la búsqueda de alternativas de justicia en el derecho internacional y en la justicia universal, a fin de continuar documentando las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado de Nicaragua.

CALIDH siempre está dispuesto a acompañar a las víctimas y a sus familiares a través de su Programa de Asistencia Jurídica a Víctimas ‘Phillippe Guerin’, completamente gratuito”, indicó.

Por último, demandó al Estado de Nicaragua “el abandono de su discurso estatal inverosímil de que sus funcionarios y los civiles responsables no participaron en los crímenes de lesa humanidad que empezaron el 18 de abril de 2018, la liberación inmediata y en condiciones de inocencia de los actuales presos políticos, la derogación de la medida arbitraria y contraria al derecho internacional del despojo de nacionalidad de los 222 excarcelados y desterrados políticos, así como la devolución de todos los bienes confiscados a todos los presos políticos desde el inicio de la represión”.