El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), responsabilizó este lunes al Estado de Nicaragua por la masacre en la comunidad Wilú del Territorio Mayagna Sauni As, en la Reserva de la Biosfera de Bosawás, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.
El fin de semana, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), informó que sobre la masacre que cobró la vida de al menos siete personas, entre ellas mujeres y niños.
“Se nos informó que hoy (11 de marzo) a eso de las 6 de la mañana la comunidad de Wilú fue atacada por aproximadamente 60 colonos no indígenas fuertemente armados, el ataque se produjo aprovechando que los hombres de la Comunidad se habían retirado a cazar, encontrándose en la comunidad mayoritariamente mujeres y niños. Una persona que huyó del lugar reportó la muerte de 7 comunitarios, entre ellos 2 mujeres, uno en estado grave; los nombres de las víctimas mortales son: Lenin Vílchez Patrón Flores, Jorge Enor Palacios Samuel (23 años), Duts Castillo Frenly, Alberto Castillo Palacios (20 años), Orzan Días Palacios, Nadilia Palacios (65 años) y Lidina Flores Castillo. Jesmin Jacobo Lázaro que se encuentra grave. Y aún hay mujeres y niños desaparecidos. Las viviendas de la comunidad fueron incendiadas dejando solamente en pie la iglesia, la casa pastoral y la escuela”, detalló CALPI en sus redes sociales.
Por ello, CALIDH “responsabiliza al Estado de Nicaragua por el abandono absoluto de su deber de prevenir y garantizar los derechos de los comunitarios a sus tierras y territorios, incluida la protección de las incursiones ilegales”.
“CALIDH observa que la masacre cometida contra la comunidad Wilú es el resultado de un Estado directamente interesado en la desterritorialización de los pueblos indígenas y afrodescendientes, permitiendo actos de violencia sistemáticos, especialmente desde el anuncio de la inconsulta construcción del Gran Canal Interoceánico”, apuntó en un comunicado.
El organismo argentino y fundado por el abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz, señaló que “desde hace muchos años, especialmente a partir de 2014, la incursión de colonos en las tierras y territorios de comunidades y pueblos indígenas en el Caribe ha sucedido de forma impune, con la connivencia, complicidad y según lo que nos han informado organizaciones indígenas, con la participación o alentados por autoridades municipales, autonómicas y del gobierno central”.
Subrayó que en diversos comunicados se ha mencionado que “se están cometiendo crímenes de lesa humanidad especialmente en el Caribe Norte que buscan la expulsión forzada de los comunitarios”.
“Por eso CALIDH ha venido observando por sí y sobre la base de la información sistemática que recibe de personas y organizaciones indígenas que las violaciones sexuales, torturas, quemas de viviendas, incursiones de colonos, incursiones militares, paramilitares y de autoridades municipales, los desplazamientos forzados son patrones que constituyen crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo de forma específica con la abierta tolerancia del Estado de Nicaragua y en gran parte de sus casos con su participación”, anotó.
El organismo aclaró que la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales establecen que para que el Estado o sus funcionarios sean responsables de un crimen de lesa humanidad, la participación del funcionario puede ser directa u omisiva. “En el caso del Caribe Norte, todos los ataques que sufren sistemáticamente las comunidades concurren tanto la inacción como la acción del Estado”.
“Exigimos al Estado de Nicaragua adopte una postura de protección y garantía de los derechos de los comunitarios frente a las invasiones colonas, la pretendida desterritorialización, el cese de los desplazamientos forzados y de todo plan que busque invalidar, disminuir o suprimir los derechos de los comunitarios indígenas a sus territorios y sus tierras. Finalmente, exigimos al Estado cese en su participación directa e indirecta en la perpetración de estos planes del que es responsable y que configuran crímenes de lesa humanidad en arreglo con el Estatuto de la Corte Penal Internacional”, demandó CALIDH.
Finalmente, CALIDH llamó a la comunidad internacional “fijar su mirada en la situación del Caribe nicaragüense en el marco del seguimiento general que le dan al país, donde los asesinatos, las violaciones, las agresiones y los desplazamientos forzados no han cesado y son anteriores a la crisis sociopolítica iniciada en 2018”.