Según una investigación publicada el lunes 23 de noviembre por la agencia de noticias Reuters, los canales de televisión de la familia Ortega Murillo, deben millones de dólares a la Dirección General de Impuestos (DGI), al respecto analista señalan que esta institución debe investigar y auditar a estos medios manejados por los hijos de los dictadores de Nicaragua.
“Algunos medios controlados por los Ortega están evadiendo impuestos”, afirmó Reuters.
La agencia indicó que revisó documentos de la DGI que muestran que Canal 8 “no ha pagado impuestos e intereses por unos cuatro millones de dólares desde 2010, año en que Juan Carlos asumió el cargo” de presidente ejecutivo del medio.
En este caso además reveló que, según documentos tributarios no revelados de principios de 2020, Canal 8 es propiedad de Yadira Leets, esposa de Rafael Ortega, hijo de Rosario Murillo.
En el caso de Canal 4, administrado por Daniel Edmundo Ortega, “debe alrededor de 380,000 dólares en impuestos atrasados”.
Reuters comentó que buscó la reacción de la DGI, pero no respondió a las solicitudes de comentarios.
Especialistas consultados por la agencia, aseguraron los canales orteguistas al no pagar impuestos, están violando las leyes fiscales de Nicaragua, normas que Ortega ha usado para confiscar activos de medios rivales.
“Si se respetara el Estado de Derecho, aquí habría acusaciones penales y demandas civiles, con personas arrestadas y empresas cerradas o confiscadas”, dijo a Reuters Alberto Novoa, exprocurador general que revisó los documentos fiscales.
Para el economista Róger Arteaga, exdirector de la DGI, esta institución está obligada a investigar y proceder a aplicar las sanciones correspondientes.
“Cuando una persona no paga impuesto es objeto de un llamamiento por parte de la administración tributaria, que comienza con una nota que dice que se presente para arreglar su situación, si no obedece a la nota se le hace un reparo fiscal, que determina los montos de impuestos no pagados y si no acata eso, hay un funcionario en la administración tributaria que está encargado de manejar los asuntos penales y este recurre al fiscal de la nación proponiendo el caso en su mano y luego un juez dicta sentencia”, explicó Arteaga al diario La Prensa.
“A la DGI le corresponde fiscalizar y asegurar que todos paguen sus impuestos y no lo hacen en este caso porque son instituciones que están al servicio del gobernante y no al servicio del país”, sostuvo.
Arteaga dijo que evadir impuestos es un delito que está penado de acuerdo al Código Tributario. “Cualquier evasión de pago de impuestos es un delito sancionable y si no se ha hecho es por complacencia de la administración tributaria, porque anda persiguiendo a las demás empresas del sector privado que no están de acuerdo con el gobierno y a las empresas del gobierno hay discrecionalidad para no cobrarle”, dijo Arteaga.
Mientras los canales de los Ortega Murillo no pagan impuestos, el dictador Daniel Ortega lleva a la asfixia económica a los medios independientes y ha ordenado el cierre de varios medios de comunicación que no informan “buenas noticias”.