El humor y la sátira es otro espacio que corre peligro en Nicaragua con la propuesta de “Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, la cual es discutida en la Asamblea Nacional y tiene como fin controlar el contenido en internet, según opositores.
El caricaturista nicaragüense Pedro Molina sostuvo a la Voz de América que a su juicio la ley intenta “liquidar el último espacio que le queda a la ciudadanía”.
La ley pretende sancionar con cárcel a quien utilice las redes sociales para hacer “difamaciones, amenazas y noticias falsas”, pero también castiga a “quienes, haciendo uso de las tecnologías de la información, inciten, instiguen, provoquen la comisión de delitos, ensalce el crimen o enaltezca a su autor”.
La pena es de tres a cinco años de prisión, según el anteproyecto de ley.
Sin embargo, la criticada propuesta de ley no especifica con claridad quién determinará lo que es una noticia falsa o lo que instigue al delito. Es ahí, donde Molina considera que hay un problema, no solo con periodistas que informen algo que desagrade al poder, sino a usuarios en redes sociales y a los caricaturistas que se mofen de lo que acontece.
“Es claro que el humor y la crítica le arde a este gobierno, porque se ven así mismos impolutos, como ‘supraseres’ a quienes no deberías criticar y de quienes no te deberías reír”, dijo Molina.
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Agregó que “es irónico, porque son de lo más ridículo que hemos tenido en este país. La primera dama, el comportamiento de ella, del presidente y su familia y encima de eso no quieren que los critiques”.
El humorista afirmó que será difícil poder controlar por completo las redes sociales y recuerda que durante las protestas contra el régimen que surgieron a mediados de abril de 2018, la ciudadanía recurrió a éstas para reírse de lo que se vivía en medio de la represión.
“El nicaragüense tiene reputación de hacer humor. Incluso en las situaciones más difíciles. El humor libera, lo vimos en 2018. En medio de las protestas te metías a las redes sociales y mirabas memes cargadísimos de humor, todo eso es crítica espontanea de la gente”, señaló Molina.
Molina considera además que sería un gravísimo error de la dictadura cerrar estos espacios, pues generarían graves consecuencias no solo para los usuarios en las redes sociales, sino al mismo régimen, pues “al cerrar toda válvula de escape o crítica, se convertiría en una olla de presión que tarde o temprano va a explotar”.
Manuel Guillén, otro caricaturista nicaraguense, comparte las mismas impresiones de Molina y comentó a la VOA que al quedar en manos del régimen orteguista la definición de qué son “noticias falsas”, criminaliza cualquier publicación en redes sociales que no le guste, ya sea alguna caricatura, parodia o meme, “haciendo uso de una discrecionalidad de la ley que raya en lo absurdo”.
“A los caricaturistas se nos estaría criminalizando por nuestra opinión editorial y nuestro derecho a opinar contra sus arbitrariedades, cuando ellos consideren que se propaga un rumor o noticia falsa”, dijo.
Ambos caricaturistas llaman a rechazar la denominada “Ley Mordaza” que, según opinan, pretende acabar con el único espacio que tiene la ciudadanía para manifestarse contra el régimen de Daniel Ortega.
“Al poder no le gusta el humor, ¿por qué no le gusta? porque el humor ayuda a vencer el miedo, y la base fundamental que sostiene a la dictadura Ortega-Murillo, es en el miedo; entonces si vos les perdés el miedo, ellos pierden el poder, entonces cualquier cosa que ayude a la gente a perder el miedo, es un peligro en su lógica”, indicó Molina.
Advierte además que, si se perdió el derecho de protestar, usar la bandera e informarse libremente, dejar que se apruebe una ley sin hacer eco sería perjudicial para el país.
“Hoy más que nunca cuando Nicaragua es víctima de una dictadura sanguinaria y malvada hay que estar activo. Los caricaturistas editoriales tenemos una responsabilidad social que hay que tomar muy en serio, especialmente frente a una dictadura que cercena todo derecho humano”, añadió Guillén.
El martes comenzó a puerta cerrada la consulta de cara a la eventual adopción de la “Ley Especial de Ciberdelitos” con la participación de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República.
La diputada orteguista María Auxiliadora Martínez, presidenta de la comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, negó ante medios del régimen que la ley coarte la liberta de expresión.
“Los que dicen que la ley de Ciberdelito va a coartar la libertad de expresión es porque no la han leído; en ningún término de la ley se establece tal acción”, expresó.
Según el presidente de la Asamblea Nacional y sancionado Gustavo Porras, la legislación será aprobada a más tardar el 13 de octubre.