El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) contó al menos 10 violaciones de derechos humanos que el régimen de Daniel Ortega a través de sus instituciones a cometido contra Monseñor Rolando Álvarez, cuatro sacerdotes, dos seminaristas y camarógrafo, secuestrados desde hace más de tres semanas.
“Estos son los derechos humanos que se les están violentando a Monseñor Rolando Álvarez preso en casa de sus padres y a los 4 sacerdotes, dos seminaristas y al camarógrafo en el Chipote. Exigimos libertad inmediata para ellos y para todas las personas presas políticas”, dijo el CENIDH a través de sus redes sociales.
Los 10 derechos que se les han violentado a los antes mencionados son:
- Derecho a la honra y reputación
- Libertad de conciencia y de religión
- Libertad de expresión
- Derecho a la presunción de inocencia
- Derecho a la libertad individual
- Derecho a la integridad física, síquica y moral
- Acceso a la justicia
- Garantías del debido proceso
- Derecho a estar protegidos contra el hambre
- Derecho a la salud física y mental
El régimen de Daniel Ortega a través de su Policía acusa a monseñor Rolando Álvarez de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, sin haber ofrecido pruebas de ello y sin que la justicia orteguista le haya formulado cargos.
Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, fue sustraído la madrugada del viernes pasado por agentes policiales del palacio episcopal matagalpino junto con los Padres Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrio y José Díaz; el diácono Raúl Vega, los seminaristas Darvin Leiva y Melquin Sequeira y el camarógrafo Sergio Cárdenas, después de haber estado 15 días retenidos en el lugar.
Monseñor Álvarez se encuentra actualmente bajo secuestro domiciliario en Managua, mientras que el resto de sus acompañantes fueron llevados a ‘El Chipote’.
El lunes 22 de agosto, se realizó una audiencia inicial “secreta” contra los sacerdotes y laicos, decretándoseles los 90 días de “detención judicial” para “investigarlos”, sin que aún se conozca de qué se les acusa.
La información la reveló el miércoles el abogado nicaragüense Yader Morazán, especialista en administración de Justicia, quien denunció que las siete personas fueron llevadas al Complejo Judicial de Managua “con el rostro cubierto”.