El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) publicó este miércoles un análisis y seguimiento a los “simulacros de justicia” realizados por el régimen orteguista entre febrero y abril de este año, el cual fueron declarados “culpables” y sentenciados a entre 13 y 7 años de prisión, 47 personas detenidas a partir de mayo de 2021.
El organismo afirmó que “fueron 16 derechos humanos violados a los 47 procesados hasta el día de hoy”.
“En febrero 2022, se reanudaron los procesos judiciales, en contra de las/los presos políticos detenidos a partir de mayo 2021 y en el contexto de las llamadas elecciones nacionales. El trabajo de monitoreo, seguimiento y acompañamiento a los familiares por parte del CENIDH permitió la actualización de la información y la divulgación de lo que ocurría dentro y fuera de las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (Nuevo Chipote) donde se desarrollaron las farsas judiciales en medio de una serie de aberraciones jurídicas y violaciones a los derechos humanos”, valoró el CENIDH mediante el informe.
VIOLACIONES CONSTITUCIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS
El CENIDH mencionó algunasviolaciones constitucionales y de derechos humanos entre estas están:
- A la integridad física, psíquica y moral.
- A la libertad Individual.
- El respeto a su honra y reputación.
- Respeto a la inviolabilidad de su domicilio y sus comunicaciones de todo tipo.
- El derecho a la igualdad ante la ley.
- Principio de legalidad.
- Prisión arbitraria: allanamiento, solo puede realizarse por orden escrita de juez competente.
- Derecho al debido proceso: Presunción de inocencia: el Ministerio Público emitió comunicado previo al inicio de los juicios en el cual ya se refería a los presos de conciencia como criminales sin ni siquiera haber iniciado los juicios en su contra. Derecho a juzgamientos sin dilaciones por autoridad competente: suspendieron tramitación de juicios, alegando carga judicial. Publicidad y lugar de realización de los juicios: todos los actos procesales se realizaron en privado y en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (Nuevo Chipote), entre otros.
Asimismo, señaló las irregularidades contra los abogados de los presos políticos, como: requisas, interrupción de su defensa, y su inmovilidad.
“Fue evidente la parcialidad de las autoridades judiciales en la tramitación de los juicios: todas las solicitudes de la Fiscalía fueron declaradas con lugar e incluso se impuso exactamente la pena que solicitó la Fiscalía, aun cuando esta no estaba fundamentada, violando evidentemente el principio de igualdad ante la ley”, apuntó el CENIDH.
Aún están pendientes los juicios de tres presos políticos: Edgard Parrales, Michael Healy y Álvaro Vargas.