Washington delineará su política migratoria a través de decretos enfocados en la migración regional y en sus causas fundamentales, así como en la anulación de políticas heredadas de la administración Trump sobre el sistema de procesamiento de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos, según funcionarios con conocimiento de estos planes.
Se desconoce la fecha de promulgación de los decretos, que inicialmente estaba agendada para este viernes.
Representantes de los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala vislumbran una “mayor atención” de Estados Unidos hacia la región durante el gobierno de Joe Biden y prevén apoyar una agenda común de desarrollo basada en el “respeto mutuo”.
El presidente Biden expresó a su homólogo mexicano que Washington abordará la contención del flujo irregular hacia México y Estados Unidos, en parte, a través de la promoción del desarrollo en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Para el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el enfoque de la nueva administración representa una “oportunidad de retomar” la agenda del gobierno de Barack Obama, ahora bajo el mandato del presidente Joe Biden. En entrevista con la Voz de América, Hernández describió la agenda como una cooperación “expedita”.
Por su parte, el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, apuntó en conversación con la VOA que las dos naciones tienen una “agenda común”, más allá de las oportunidades económicas, en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, un tema que planea traer a la mesa en las reuniones de alto nivel.
Durante el proceso de transición, el equipo de Joe Biden tuvo dificultades para establecer comunicaciones con los gobiernos extranjeros, indicaron fuentes diplomáticas. Después de la posesión presidencial y tras la confirmación de Antony Blinken como líder de esa cartera, los gobiernos de Honduras y Guatemala esperan ser atendidos próximamente por el Departamento de Estado.
Cooperación y respeto mutuo
La inversión estadounidense no es suficiente, asegura Ariel Ruíz, analista del Instituto de Políticas Migratorias. Según el experto, el liderazgo de México será fundamental para cambiar la cooperación en el ámbito económico, así como la “motivación política” de los países del Triángulo Norte, y finalmente, el apoyo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos.
“La relación tiene que cambiar de tono. Es necesario reabrir la relación con Centroamérica, para volver a tener una relación de cooperación, no de presión, basada en el respeto mutuo”, detalló Ruíz a la VOA.
Biden prometió durante su campaña destinar un monto 4.000 millones de dólares a una estrategia regional para atacar la raíz de la inmigración, con base en “condiciones sólidas” para verificar su efectividad.
El plan también incluye lidiar con la “corrupción endémica” y atacar la pobreza e seguridad.
Un análisis de eficacia es indispensable, señaló Ruíz, para que los dólares de los contribuyentes estadounidenses se utilicen de manera efectiva.
Brolo indicó que como “bloque”, los países que integran el Triángulo Norte se mostrarán más “atractivos para la inversión extranjera”, en medio de las necesidades que empeoraron con la crisis sanitaria y dos desastres naturales el año pasado.
“Esta inversión ayudaría a incentivar la productividad de nuestras áreas, principalmente agrícolas y, en ese sentido, nuestra gente tendería a migrar menos, puesto que tendría empleo”, afirmó el diplomático.
Puertas cerradas en la frontera
Los cambios que la Casa Blanca planea poner en marcha no representan una política de “fronteras abiertas”, acotó el encargado de Negocios de Estados Unidos en el Salvador, Brendan O’Brien.
“Los migrantes que crucen la frontera de forma irregular serán devueltos, conforme a procedimientos legales que garanticen su seguridad”, expuso O’Brien en un comunicado conjunto con la canciller de El Salvador.
Tanto Brolo como el embajador de Honduras en Estados Unidos, Luis Fernando Suazo, aseguraron que sus gobiernos están concentrados en “desalentar” las caravanas hacia el norte.
“Nosotros no vamos a permitir el tránsito irregular, desordenado e inseguro”, apuntó el diplomático guatemalteco, mientras Suazo indicó que su gobierno investiga la organización de caravanas que «no son espontáneas».
Durante la administración del expresidente Donald Trump se estableció una política de “cero tolerancia”, la cual fue rescindida por el Departamento de Justicia este martes.
Varias organizaciones de derechos humanos, y el propio mandatario Joe Biden, denunciaron la separación de cientos de niños de sus padres como parte de esta política. Las acciones del nuevo mandatario incluyen la creación de un equipo de trabajo para reunificar las familias de, al menos 600 niños, quienes fueron separados de sus padres en la frontera con México.
Para Ruíz el reto de la Casa Blanca será engranar su estrategia para “mandar un mensaje a la región de que las caravanas y futuros flujos migratorios no van a poder entrar a Estados Unidos más fácil que antes” y al mismo tiempo, establecer un nuevo enfoque para lidiar con los procesos de los inmigrantes.
El Congreso es clave
Para los diplomáticos consultados, la intención de iniciar el proceso legislativo para lograr una reforma migratoria es una buena noticia, pero concuerdan en que es un proceso que demorará.
El analista de políticas públicas Ariel Ruíz considera que la administración Biden debe plantearse “expectativas realistas” y objetivos específicos para que sus ideas obtengan apoyo bipartidista en el Congreso.
Ruíz considera que la opción legislativa brindaría un resultado perdurable para la respuesta de Estados Unidos ante las causas fundamentales de la inmigración y una reforma integral.
Biden enfrentó el primer revés a sus planes migratorios el martes, cuando un juez de Texas bloqueó su decreto que ordenaba la suspensión de deportaciones durante los primeros cien días de su gobierno, un obstáculo que también enfrentó el expresidente Trump con la mayoría de sus decisiones en materia migratoria.
“La mejor solución es la opción legislativa, para así evitar estar en los tribunales, porque causa confusión y puede enviar un mensaje equivocado a la región sobre quién puede o no puede entrar al país”, concluyó el analista.
*VOA