Chile condena cierre y confiscación de la UCA en Nicaragua
El Gobierno de Chile expresó el lunes su “profunda preocupación” y condenó el cierre y confiscación de la a Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, “acciones llevadas a cabo” por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Chile “se solidariza con esa comunidad universitaria y con todos aquellos afectados por estas medidas represivas, que profundizan el deterioro del Estado de Derecho y afectan el respeto y garantía de los derechos humanos”, indicó el gobierno chileno a través de una declaración.
“Chile repudia, en particular, la adoptada el 15 de agosto de 2023, mediante la cual se abrió una causa penal por delito de terrorismo en contra de la UCA, una institución de vital importancia para la educación y el desarrollo del país. Esta acción contempla la incautación de todos los bienes de la universidad y la suspensión de sus actividades, dejando en incógnita el futuro de más de 6.000 alumnos, 550 profesores y cientos de personas en cargos administrativos”, anotó.
Chile destacó que la UCA de Nicaragua “es reconocida como una de las universidades privadas más importantes de ese país y su cierre representa un grave atentado contra la libertad académica, el derecho a la educación y los principios democráticos que deben prevalecer en nuestra región”.
El gobierno de Gabriel Boric exigió al dictador Daniel Ortega que “cese de inmediato cualquier medida que afecte la integridad y el funcionamiento de la UCA y de quienes la dirigen, así como de cualquier otra institución educativa en el país”.
“Insta a las autoridades nicaragüenses a respetar y garantizar los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica y el acceso a una educación de calidad y sin restricciones”, agregó.
El Gobierno de Chile también hizo un llamado a la comunidad internacional para que “se sume a esta condena y se pronuncie en contra de las acciones del Gobierno nicaragüense, instando a la restitución de los derechos fundamentales en Nicaragua y a la protección de la educación como un pilar fundamental para el desarrollo y el progreso de la sociedad”.
