Destacados / Nacionales · 04/11/2022

CIDH advierte falta de condiciones para realizar elecciones municipales “libres y justas” en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes su “preocupación” por la “ausencia de condiciones para la realización de elecciones municipales libres, justas y competitivas en Nicaragua.

La CIDH urgió al régimen de Daniel Ortega a “restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado democrático de derecho mediante la separación de poderes y el cese de la represión”.

La Comisión apuntó que las votaciones municipales del próximo domingo 6 de noviembre se realizarán “en un contexto de represión contra la oposición política, mediante la implementación de medidas tendientes a impedir su participación y la ausencia de reformas para la reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Ley Electoral de conformidad con las recomendaciones por organismos nacionales e internacionales”.

La CIDH dijo haber constatado “el recrudecimiento de la represión y persecución contra opositoras políticas, entre ellas, integrantes del partido del político Unión Democrática Renovadora (UNAMOS). Se recibió información sobre la detención arbitraria, de Raúl Oporta, líder de UNAMOS en Nueva Guinea; así como de Jeannine Horvilleur y Ana Carolina Horvilleur, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa, y familiares de Javier Álvarez Zamora, integrante de UNAMOS y exiliado, ocurridos el 4 de septiembre pasado. Asimismo, se registraron al menos diez detenciones de integrantes de UNAMOS y sus familiares en Managua, Bluefields, Matagalpa y otros departamentos”.

Añadió que la Policía Orteguista y operadores políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), “sustituyeron de facto a las autoridades de cinco alcaldías gobernadas por el partido Ciudadanos por la Libertad -cuya personería jurídica fue cancelada en 2021-, luego de allanar las sedes el pasado 3 y 4 de julio. Se registra que desde el año 2018, el FSLN habría tomado el control de facto de 7 alcaldías, de un total de 18 que no eran gobernadas por el partido oficialista”.

“La CIDH recibió información sobre la reforma a la Ley Electoral, nro. 331 que fue aprobada en mayo de 2022 por la Asamblea Nacional que limitaría la fiscalización por parte de la sociedad civil al proceso electoral, al establecer un proceso electoral exprés -con menos juntas receptoras de votos, la realización de la campaña electoral en 20 días y la integración de los Consejos Electorales en 5 días, todas acciones, contrarias a los estándares internacionales”, anotó.

La Comisión alertó que las acciones arbitrarias del régimen tienen un efecto “amedrentador en la población de cara a las elecciones locales, el cual resulta propicio para la perpetuación del poder y la cooptación de los últimos espacios disponibles para la participación política”.

La Comisión lamenta la falta de condiciones mínimas necesarias para la realización de elecciones libres, justas y competitivas, la comprobada ausencia de un sistema electoral independiente y la continuación de violaciones a los derechos humanos en contra de las personas identificadas como opositoras al Gobierno. Además, recuerda que el ejercicio de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos”, indicó.

La CIDH pidió al régimen “garantizar la separación e independencia de los poderes públicos y restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado de derecho; así como, liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente desde el inicio de la crisis de derechos humanos y poner fin a todo ataque en contra de personas opositoras”.