La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó a través de un comunicado que el pasado 2 de septiembre amplió medidas cautelares a favor de Josefa Esterlina Meza, Tamara Patricia Morazán Martínez y Lizeth de los Ángeles Dávila Orozco, madres y familiar de la “Asociación Madres de Abril” (AMA) en Nicaragua, tras considerar que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
La CIDH recordó que anteriormente, había otorgado medidas cautelares a favor de Elizabeth Velásquez, también integrante de la AMA, cuyas medidas de protección se extienden a sus núcleos familiares.
La Comisión valoró que la situación de las personas beneficiarias está estrechamente relacionada con su participación en AMA, por ser figuras visibles dentro de esa organización.
En ese sentido, conoció que las personas beneficiarias vienen siendo objeto de actos de seguimiento, intimidación y vigilancia de personas no identificadas, civiles armados, agentes estatales y paraestatales.
“La Comisión fue informada que, según los representantes, tales eventos estarían relacionados con las denuncias presentadas por la muerte de los hijos y hermano de las beneficiarias ante las entidades competentes en mayo y junio de 2018, respectivamente. Tras solicitar información al Estado en los términos del artículo 25 del Reglamento, la Comisión no ha recibido su respuesta a la fecha”, indicó la CIDH.
El organismo subrayó que en consecuencia, le solicitó al Estado de Nicaragua que, adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de Josefa Esterlina Meza, Tamara Patricia Morazán Martínez y Lizeth de los Ángeles Dávila Orozco, incluyendo sus núcleos familiares.
“El Estado debe asegurar que los derechos de las beneficiarias sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros”, sostuvo la CIDH.
Además, demandó al Estado que “concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes”, e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y evitar así su repetición.