La sociedad civil de Nicaragua estableció un nuevo modelo de defensa de los derechos humanos en el marco del conflicto sociopolítico, que permite conocer la realidad del país sin los reportes oficiales del régimen de Daniel Ortega, ni la presencia de los organismos especializados, afirmó este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esa es la conclusión a la que llegó el representante del Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni), adscrito a la CIDH, Alexandro Álvarez, durante la presentación virtual del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en el país.
“Ustedes, a través de este mecanismo, están constituyéndose como un ejemplo para la región de cómo se trabaja en derechos humanos desde la perspectiva de la sociedad civil, y ese es un avance en materia de derechos humanos”, señaló Álvarez, al referirse al Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, constituido por organizaciones civiles que velan por los opositores convictos.
El modelo de la sociedad civil nicaragüense consiste básicamente en informar, de forma detallada, cada caso de violación de derechos humanos, con evidencias, patrones demográficos y población penal, de una manera tan sólida, ordenada, y sistematizada, que resulta irrefutable.
VENTANA A NICARAGUA
El coordinador del Equipo para Nicaragua de la Oficina Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en América Central, Roberto Desogus, sostuvo que los reportes de la sociedad civil nicaragüense han permitido identificar patrones y dimensionar lo que ocurre en el país.
“La información que ha venido de la sociedad civil ha sido clave para ayudar a dimensionar e identificar los patrones de violaciones de derechos humanos que se están dando, y para formular las recomendaciones en los informes de la Acnudh para poner fin y liberar a todas las personas detenidas de forma arbitraria”, declaró.
“Yo quiero, en nombre de la CIDH, agradecer eso, celebrarlo y señalar que esto se erige como un factor muy importante para las experiencias que siguen de trabajo con la sociedad civil, no sólo en Nicaragua, sino que en toda la región”, agregó Álvarez.
El trabajo de la sociedad civil en Nicaragua ha podido identificar más de 1.000 casos de personas presas políticas desde el levantamiento popular contra el régimen de Ortega, en abril de 2018, con un promedio de edad de 31 años, que han estado tras las rejas una media de 222 días, y sin haber sido presentados ante un juez hasta después de 23 días.
LAS CIFRAS
Las cifras indican que el 58 % ha enfrentado procesos judiciales, y de este grupo, el 46 % fue condenado.
Hasta el día miércoles 5de agosto, 89 de las personas capturadas desde abril de 2018, incluidas cuatro mujeres y una mujer trans, permanecían en las cárceles de Nicaragua, mientras que otras 10 ya figuraban como presos políticos desde antes de ese año, de acuerdo con las organizaciones.
Entre los que están detenidos, 54 ya fueron condenados, 20 estaban libres y fueron recapturados, uno está preso a pesar de tener orden de libertad, tres no enfrentan ninguna acusación, dos tienen sentencia de casación, y nueve están en celdas de máxima seguridad y aislamiento.
Según datos de la sociedad civil nicaragüense, agrupada en el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, de la mayoría de las personas capturadas el 27,5 % cursaba la universidad, y el 17 % había completado dichos estudios, mientras que un 10,5 % tenía su secundaria completa y un 25,7 % estudiaba en este nivel.
Como consecuencia de las capturas, el 35 % no se dedican a la ocupación deseada “debido a la represión y el asedio”, el 20 % “no tiene trabajo y enfrenta problemas económicos serios”, y el 19 % sufre “incertidumbre jurídica” porque fueron sacados de prisión sin que un juez haya los haya declarado en libertad total o condicional.
Además, el 41,6 % sufre “hostigamiento o vigilancia”, el 15,8 % persecución, y el 13,9 % intimidación.
*Con información de EFE