La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes la “impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho” que persiste en Nicaragua al cumplirse tres años del inicio de la crisis política, social y de derechos humanos en el país.
Mediante un comunicado de prensa, la CIDH urgió al Estado de Nicaragua a “adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática, en especial mediante procesos que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas y sus familiares”.
La Comisión sostuvo que, desde su visita, el 17 de mayo de 2018 hasta la fecha, ha documentado la perpetración de “graves violaciones” a los derechos humanos cometidas en el marco de la represión violenta a las protestas sociales iniciada en abril de ese mismo año.
De acuerdo con la información registrada a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), hasta la fecha, la crisis de derechos humanos en Nicaragua ha resultado en al menos 328 personas fallecidas y, unas 2 mil heridas, como consecuencia de la actuación de agentes estatales o de civiles actuando con la aquiescencia y tolerancia de éstos; denuncias sobre la práctica generalizada y sistemática de malos tratos, varios de los cuales podrían alcanzar el umbral de la tortura, indicó el organismo.
Asimismo, reportó que al menos 1.614 personas han sido víctimas de privación arbitraria de su libertad como represalia por haber participado en actos de protesta u oposición al régimen de Daniel Ortega. También que más de 100 mil personas han migrado desde Nicaragua en protección de su vida, integridad y libertad personal.
“La Comisión recuerda que de acuerdo con la información aportada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua), en el contexto del ataque sistemático perpetrado en contra de la población civil como represalia a las protestas sociales, se han desarrollado hechos que, conforme al derecho internacional, deben calificarse de crímenes de lesa humanidad”, apuntó.
La CIDH también condenó los asesinatos “que hasta ahora permanecen impunes, de campesinas y campesinos en las zonas rurales del país, que son líderes y lideresas, activistas o personas identificadas como opositoras”.
El organismo lamentó la “falta de voluntad manifiesta del Estado nicaragüense para superar la impunidad y, en general, la grave crisis que atraviesa al país”.
“A la fecha, desde las más altas autoridades del Estado persiste una narrativa tendiente a negar las violaciones a derechos humanos y estigmatizar a las víctimas. Además, siguen vigentes el conjunto de leyes aprobadas en el 2019 que resultan incompatibles con el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a una reparación integral para las víctimas de la represión, entre ellas, la Ley de Amnistía. Lo anterior, sumado a la falta de independencia de la administración de justicia, consolida la impunidad de las violaciones de los derechos humanos ocurridas”, señaló.
“A tres años del inicio de la crisis, la Comisión hace un llamado urgente para poner fin a la impunidad, y a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática por medio del inicio de procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la grave crisis que experimenta el país. Asimismo, recuerda al Estado que además de ser una obligación internacional, se trata del único conjunto de mecanismos que permitirían una auténtica y estable reconciliación nacional”, concluyó.