La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes las “graves afectaciones al debido proceso y al derecho a la defensa” en los procesos judiciales de las personas presas políticas en Nicaragua.
Asimismo, urgió al Estado de Nicaragua a “liberar inmediatamente a todas las personas detenidas en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018”.
La CIDH sostuvo que a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) recibió información sobre “graves afectaciones al derecho penal y falta de garantías judiciales”.
Particularmente, que dichas audiencias se están realizando en las instalaciones de El Chipote, de manera “privada y sin permitir el acceso a medios de comunicación independientes, lo cual sería contrario a la propia legislación nacional”.
“En algunos de los juicios, se niega el ingreso de familiares; mientras que las personas acusadas son presentadas en el juicio sin previo aviso. Por su parte, representantes legales han denunciado hostigamiento, acoso policial, despojo de pertenencias necesarias para participar en las audiencias. Asimismo, habrían sido objeto de cateos y revisiones desproporcionadas que derivaron en tocamientos indebidos a mujeres abogadas y familiares. La CIDH condena estos hechos, que constituyen violencia sexual, además afectan la dignidad e integridad personal y se utilizan para intimidar y humillar”, dijo la Comisionada Esmeralda Arosemena, relatora para Nicaragua.
La CIDH recibió información sobre la “manipulación de pruebas para inculpar a las personas procesadas, así como acusaciones basadas en testimonios de funcionarios públicos, publicaciones de redes sociales y en las actividades de liderazgo político, protesta social o de defensa de los derechos humanos”.
En todos los casos, los representantes legales han denunciado la obstaculización para acceder a los expedientes previo al juicio, tener contacto con las personas acusadas y la negativa de la autoridad judicial para dar trámite a peticiones y recursos, sostuvo el organismo.
Para la CIDH, resulta especialmente preocupante que continúen estos procesos, mediante la aplicación de leyes -como la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley 1055- “que impiden el ejercicio de libertades públicas contrario a los estándares interamericanos y la consecuente imposición de penas desproporcionadas”. Además, reiteró su preocupación por las “deplorables condiciones de detención y el grave deterioro de la salud de las personas, especialmente de las personas mayores, cuya condición sería crítica”.
“En Nicaragua, esta manipulación del derecho penal y la criminalización de las personas identificadas como opositoras al gobierno responde a la falta de independencia judicial y separación de poderes de un Ministerio Público y un Poder Judicial sometido a la voluntad del gobierno en un claro desmedro del Estado de Derecho y de la democracia, conforme se señaló en el informe sobre Concentración de poder y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua”, sostuvo Arosemena.
“La CIDH expresa su solidaridad a las personas que están siendo juzgadas sin las garantías judiciales, así como a sus familiares, y urge nuevamente al Estado liberar inmediatamente a todas las personas presas políticas y a quienes están detenidas en el contexto de la crisis, desde el 2018”, concluyó la relatora para Nicaragua.