La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia contra el Estado de Nicaragua por supuestamente negar la justicia a una familia que reclama por el femicidio de Dina Carrión, aunque las autoridades nicaragüenses afirman que se suicidó.
Representantes de la CIDH, lideradas por su vicepresidenta, Antonia Urrejola, relatora del organismo por Nicaragua, escucharon los alegatos presentados por la parte acusadora y los testimonios de dos familiares de la víctima, Dina Carrión, en una audiencia a la que no se presentó ningún representante del Estado nicaragüense.
Según la Justicia nicaragüense, Carrión se suicidó a los 36 años, el 3 de abril de 2010.
La versión del Estado fue rechazada por los promotores del caso ante la CIDH, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que sostienen que se trató de un homicidio ejecutado por la pareja de Carrión, Juan Carlos Siles, supuestamente beneficiado por las debilidades del Poder Judicial.
La presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, declaró que la falta de justicia en el caso de Carrión “no fue aislado”, ya que en 2019 un total de 89 mujeres fueron asesinadas, pero no todas las familias de las víctimas encontraron justicia.
Según Núñez, el de Nicaragua es un “sistema de justicia corrupto y politizado que no escucha reclamos”, y calificó de “vergonzoso el informe presentado por el Estado (ante la CIDH), en 2019 donde pide que se cierre el caso”.
CIDH LAMENTA AUSENCIA DEL ESTADO
Por su parte, Wendy Flores, representante de Nicaragua Nunca Más, recordó que el Estado de Nicaragua tiene que responder por haber violado el derecho a la justicia de la víctima, así como de la protección de su hijo, que tenía seis años cuando perdió a su mamá.
“Toda persona tiene derecho a la vida, el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho, los Estados deben garantizar las normas necesarias para un sistema de justicia efectivo. Los recursos internos fueron agotados con la resolución de la Corte Suprema Justicia, que impide a las víctimas el acceso a la justicia, además, retardo injustificado de justicia”, agregó Flores.
Durante la audiencia, Aída Carrión y Aída González, hermana y madre de Dina Carrión, respectivamente, relataron que tres expertos contratados para que realizaran una investigación independiente del caso coincidieron en que la mujer “fue asesinada”, pero que no encontraron justicia porque el supuesto agresor es familiar político de una exdirectora de la Policía de Nicaragua y tiene amistad en todos los niveles del sistema judicial.
Urrejola lamentó que “el Estado (de Nicaragua) permanentemente le señala a la CIDH que está sesgada, que no escucha las distintas opiniones, pero cuando hay espacios para poder escuchar la posición del Estado en distintas materias el Estado nunca está”.
La ausencia de castigo a los responsables de femicidio es un reclamo constante de las organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos en Nicaragua.
En 2019 al menos 59 mujeres fueron asesinadas por hombres, según los registros de organizaciones feministas. En 2018 y 2017 el total de víctimas fue 57.