CIDH demanda al régimen orteguista adoptar medidas eficaces de atención y contención del COVID-19

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), hizo un llamado urgente al régimen de Daniel Ortega para que garantice los derechos humanos de los nicaragüenses en medio de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua.

A través de un comunicado la CIDH y REDESCA expresaron su preocupación por la forma en la que el régimen orteguista ha manejado la situación sanitaria del país, que sumado a la grave crisis de derechos humanos “podría poner en un riesgo adicional” el derecho a la vida, la salud y la integridad de todas las personas.

Es por ello que el organismo demandó al régimen orteguista a que adopte medidas eficaces de atención y contención de la pandemia, conforme a las recomendaciones técnicas y científicas internacionales, dirigidas a proteger los derechos humanos de las y los nicaragüenses.

“Preocupa a la CIDH y su REDESCA que el Estado no haya implementado medidas de prevención de contagios, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tales como el distanciamiento físico, suspensión de eventos masivos, cierre de centros educativos o de cualquier otro lugar de concurrencia masiva, manejo de la trazabilidad de los casos de contagios, adquisición y realización de tests, así como las medidas para el manejo, control y prevención de enfermedades infecciosas”, destacó el organismo.

Por el contrario, el régimen Ortega-Murillo ha convocado a marchas, concentraciones, eventos, festivales, celebraciones religiosas, agregó la CIDH.

La Comisión agregó que a esto se suma la falta de transparencia e información confiable y pormenorizada sobre las medidas de prevención de contagios y contención de la pandemia, así como de aspectos esenciales en la comprensión de la situación general del país, tales como el número de test adquiridos y realizados, formas de seguimiento de los casos identificados, información contradictoria de las autoridades sobre el número de personas contagiadas o bajo observación por presentarse síntomas, contribuyen a incrementar la desconfianza pública ya existente en el país y a reducir la capacidad de las autoridades de tomar medidas y políticas adecuadas para proteger y garantizar la salud de la población. 

Por otro lado, es del conocimiento de la CIDH la prohibición del MINSA sobre los centros de prevención médica del COVID-19, dispuesto por la Diócesis de Matagalpa.

“El Estado de Nicaragua tiene la obligación internacional de proteger. Asimismo, recuerdan la obligación de los Estados de permitir y asegurar el acceso de las personas a la información pública, la cual adquiere especial relevancia en condiciones que dicha información supone herramientas para el ejercicio del derecho a la salud, integridad y, eventualmente vida, en la actual situación de pandemia global”, señaló. “La CIDH y REDESCA hacen un urgente llamado, en medio de los efectos de la pandemia global, para la pronta excarcelación de personas privadas de libertad, bajo criterios objetivos, y teniendo en cuenta sus factores de riesgo, además de aquellos casos en que no se hayan observado las garantías de un debido proceso, como ocurre con las  personas detenidas en el contexto de la crisis de derechos humanos que afecta al país, desde abril de 2018.

“La Comisión recuerda al Estado de Nicaragua la obligación particular de protección que tiene en relación con la vida, integridad y salud de las personas que están bajo su custodia y que dicha obligación adquiere especial relevancia en el contexto de la pandemia del COVID-19. La Comisión y la REDESCA, hacen asimismo un llamado, para la elaboración e implementación de medidas y protocolos preventivos en favor de la población penitenciaria, que aseguren el suministro adecuado de elementos básicos de prevención como jabones, alcohol, guantes y productos de limpieza en los centros de detención”, demandaron.


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