La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “instó” este lunes al régimen de Daniel Ortega a liberar a todas las personas “detenidas arbitrariamente” en Nicaragua, así como a “garantizar el debido proceso, el acceso a una defensa adecuada y a cesar todo hostigamiento en su contra”.
La CIDH contabiliza que en Nicaragua existen 160 personas privadas de la libertad arbitrariamente en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018 y que estas se encuentran en “deplorables condiciones”.
PRESOS POLÍTICOS EN ‘EL CHIPOTE’
“El pasado 4 de enero, familiares denunciaron públicamente, la persistencia de tratos crueles e inhumanos; insalubridad en celdas; despojo de pertenencias; falta de acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre; falta de atención médica adecuada, oportuna y especializada; así como de medicamentos. Dichas condiciones estarían deteriorando severamente la salud de las personas detenidas, especialmente de las personas mayores, cuya condición sería crítica”, alertó el organismo.
La CIDH expresó su preocupación particular por la situación de las mujeres privadas de libertad en El Chipote, quienes continuarían siendo víctimas de represalias por su importante rol de liderazgo en el país, mediante medidas más severas de aislamiento prolongado, amenazas y contantes interrogatorios.
Al respecto, la CIDH recordó que el encarcelamiento de las mujeres adquiere una dimensión propia que podría resultar en vulneraciones particulares a sus derechos, derivadas de su condición de género. Por consiguiente, instó “al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para que sus derechos sean efectivamente respetados, así como actuar con estricta diligencia a fin de prevenir y erradicar las formas de violencia y discriminación en su contra”.
PRESOS POLÍTICOS EN ‘LA MODELO’
En relación con las personas detenidas en las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional, conocido como ‘La Modelo’, la CIDH, señaló que, informaciones recibidas indicarían que “éstas también permanecen bajo deplorables condiciones debido al trato diferenciado en su contra por ser identificadas como opositoras al gobierno, como la prohibición o restricción de ingreso de paquetería o alimentos, insalubridad en celdas, malos tratos, aplicación arbitraria de regímenes de máxima seguridad y falta de atención médica adecuada y oportuna”.
Asimismo, recibió información sobre el “crítico estado de salud” de algunas personas detenidas, entre ellas, líderes estudiantiles, que estarían en celdas de castigo o aislamiento.
La CIDH exhortó a las autoridades nicaragüenses a “garantizar el trato digno y el acceso a las personas bajo su custodia a una atención médica adecuada, alimentación nutritiva suficiente y condiciones salubres de detención. En particular, se destaca que proveer atención médica adecuada a las personas privadas de libertad es una obligación que deriva directamente del deber del Estado de garantizar el derecho a la integridad personal contenido en los artículos 1.1 y 5 de la Convención Americana y I de la Declaración Americana”.
La CIDH urgió al Estado a “la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis en Nicaragua, así como, a garantizar el debido proceso, el acceso a una defensa adecuada mediante el contacto regular e irrestricto de las personas acusadas con su representante legal y a cesar el hostigamiento en su contra”.